La decisión del Gobierno argentino de declarar como organización terrorista a la Fuerza Quds generó una reacción inmediata de Irán, que cuestionó la medida y advirtió que respondería en el plano político y diplomático.

La Fuerza Quds, considerada el brazo externo de la Guardia Revolucionaria Islámica, fue incorporada junto a 13 personas a su estructura al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La inclusión fue comunicada oficialmente como parte de la política antiterrorista adoptada por la administración nacional.

Desde Teherán, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, rechazó la decisión argentina y sostuvo que la calificación careció de sustento en el derecho internacional. En ese marco, el régimen iraní anticipó que adoptaría una “respuesta adecuada”, sin precisar su alcance.

La medida argentina se apoyó en los antecedentes judiciales vinculados a los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y contra la AMIA, en 1994. En ambas causas, la Justicia argentina determinó que Irán planificó los ataques y que Hezbolá actuó como ejecutor, a través de su estructura operativa internacional.

La declaración de la Fuerza Quds como organización terrorista profundizó la tensión diplomática entre la Argentina e Irán y se constituyó como una de las decisiones más severas adoptadas por el país contra estructuras vinculadas al aparato militar iraní.

Mientras tanto, el Gobierno argentino no respondió a las advertencias formuladas desde Teherán y mantuvo firme la decisión, que quedó formalmente vigente tras su incorporación a los registros oficiales.

Entre 1989 y 1998, las fuerzas Quds estuvieron bajo las órdenes de Ahmd Vahidi, una de las personas apuntadas por la justicia argentina de forma parte de la estructura que planificó los atentados en nuestro país.