Once años después de la muerte de Alberto Nisman, la causa judicial volvió a mostrar movimientos concretos. No se trató de un cambio de hipótesis ni de una definición sobre los autores del crimen, sino de la reactivación de líneas que habían quedado relegadas durante largos períodos: la actividad de los servicios de inteligencia y el manejo institucional del caso en sus primeras horas.
En los últimos meses, comenzaron a declarar agentes de inteligencia del Ejército que se encontraban en funciones en 2015. Sus testimonios permitieron reconstruir la estructura operativa y la cadena de mandos vigente en ese momento, además de aportar información sobre movimientos que, para los investigadores, no se ajustaron a las funciones legales de la fuerza.
Uno de los elementos que impulsó esta línea fue el análisis de datos de geolocalización de teléfonos celulares, que ubicaron a personal de inteligencia militar en las inmediaciones del edificio Le Parc, en Puerto Madero, durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado muerto en el baño de su departamento.
Las primeras decisiones bajo la lupa
Otro eje que volvió a cobrar centralidad fue el de las decisiones tomadas tras el hallazgo del cuerpo. Para la fiscalía, esas primeras horas resultaron determinantes para el devenir de la causa. La escena no fue preservada de manera adecuada y la investigación quedó radicada durante casi dos años en el fuero criminal ordinario, pese a que Nisman era fiscal federal y estaba a cargo de una investigación por un atentado terrorista.
Ese encuadre inicial, sostienen los investigadores, limitó medidas de prueba clave y retrasó el avance del expediente. En ese contexto se inscribe la citación a indagatoria de la ex fiscal Viviana Fein, prevista para fines de febrero, en una línea que apunta a establecer responsabilidades por el manejo temprano del caso.
Inteligencia ilegal y seguimiento
La causa también incorporó declaraciones de agentes de la Agencia Federal de Inteligencia que dieron cuenta de presuntas tareas de inteligencia ilegal sobre la propia fiscalía que investigaba la muerte de Nisman. De acuerdo con esos testimonios, las órdenes habrían partido de los niveles superiores del organismo.
A esto se sumaron registros de comunicaciones entre funcionarios políticos y de seguridad durante las horas posteriores al hallazgo del cuerpo, un aspecto que la Justicia consideró relevante para analizar la reacción institucional frente a la muerte del fiscal.
Qué está probado y qué sigue abierto
En 2018, la Cámara Federal descartó la hipótesis del suicidio y avaló la conclusión de que Nisman fue asesinado, en línea con un peritaje multidisciplinario de Gendarmería Nacional. Sin embargo, a once años del hecho, la causa aún no logró identificar a los autores materiales ni a quienes habrían ordenado el crimen.
El expediente se encuentra a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano y bajo la órbita del juez federal Julián Ercolini. Hasta el momento, el único procesado en relación directa es el técnico informático Diego Lagomarsino, señalado como partícipe necesario por haber aportado el arma utilizada.
Once años después, el caso Nisman sigue sin respuestas centrales. Pero los últimos movimientos judiciales muestran por qué la causa volvió a moverse: la investigación volvió a poner el foco no solo en la muerte del fiscal, sino en las acciones y omisiones que marcaron el rumbo del expediente desde el primer día.