La investigación por el pago de sobornos en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa continuará con un análisis exhaustivo de las agendas y otros documentos aportados en la causa por la ex asesora del procesado Remo Costanzo, Sandra Montero. Esta será la tarea central del juez federal Daniel Rafecas en las próximas semanas, mientras, en forma paralela, prepara la elevación a juicio oral de parte de la causa, algo que no será inmediato debido a que se espera que las defensas de los acusados se opongan a esa medida, explicaron a Télam fuentes judiciales.

    Además, el ex senador Costanzo ampliará su declaración indagatoria en fecha aún por determinar, debido a que intentará rebatir las acusaciones de Montero. Pese a ello, el magistrado entendió que existen pruebas suficientes para enviar a juicio a todos los procesados, entre ellos, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex titular de la SIDE Fernando de Santibañes y los ex jefes de las bancadas del PJ, Augusto Alasino, y de la UCR, José Genoud. Por ello, según las fuentes, rechazaría todos los planteos contrarios a esa decisión y, finalmente, el caso llegaría a etapa de oralidad.

    Antes del inicio de este proceso, cuya preparación demandará al menos un año en un tribunal, Rafecas habrá resuelto la situación procesal del ex presidente De la Rúa, a quien procesaría por el delito de cohecho activo. Si esto ocurre y esa decisión es confirmada por la Cámara Federal, el ex presidente también deberá enfrentar juicio oral en una segunda etapa. En el dictamen donde requirió elevar a juicio la primera parte del caso para evitar su prescripción, el fiscal federal Federico Delgado anticipó que, según su postura, el ex presidente estuvo al tanto de la “maniobra criminal” orquestada para obtener la sanción de la Ley de Reforma Laboral en abril del 2000.

    De hecho, Delgado dejó entrever en su escrito que apelará una eventual falta de mérito con que se pueda beneficiar a De la Rúa, porque consideró probado que el entonces mandatario dio el visto bueno para comenzar las negociaciones que culminaron con el pago de cinco millones de pesos en sobornos. El fiscal apuntó a un “pacto ilegal” entre los integrantes del Ejecutivo y los entonces legisladores, al aludir a la “acción concreta que guio el devenir histórico del proceso, expresada fríamente en un cohecho, una coima, un soborno”.

    Además de Flamarique, Alasino, Genoud y De Santibañes, irán a juicio oral los ex senadores justicialistas Emilio Cantarero, Alberto Tell, Costanzo y Ricardo Branda, acusados por “cohecho pasivo”. También será sometido a proceso oral el arrepentido del caso y ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto.

EL “NUEVO” SENADO. El rebrote de la causa por los sobornos en el Senado tuvo en los últimos días un cauce esencialmente judicial, pero también en el Congreso se vivieron con mucha atención los vaivenes de los nuevos “arrepentidos”, los ex empleados del ex senador Remo Costanzo, Sandra Montero y Osvaldo López. Los senadores en su conjunto han tratado de mantenerse totalmente prescindentes de la cuestión, con una premisa central: demostrar que “el nuevo Senado” no tiene nada que ver con “el viejo Senado”.

    Para ello cuentan con un dato de la realidad que contribuye a su estrategia de despegue, y es que no hay ningún senador de la época en que estalló el escándalo de los sobornos que siga en el Congreso. Pero la cuestión no deja de preocupar a algunos actores, que han hecho de sus esfuerzos por reformular la imagen del Senado una estrategia política. En este sentido, el vicepresidente Daniel Scioli es el principal damnificado, ya que desde que quedó al frente de la Cámara Alta buscó reconstruir un perfil público renovado, a fuerza de actos y homenajes.