El tratamiento de un proyecto girado con media sanción del Senado para bajar de 21 a 18 años la mayoría de edad arrancó con el pie derecho en la Cámara de Diputados, donde, si bien recién empezó la discusión, se muestra una tendencia favorable a emparejar el Código Civil con la realidad social.

    La semana pasada, la Comisión de Legislación General hizo una primera ronda de consultas con especialistas en la materia y con el senador socialista Rubén Giustiniani, autor de la iniciativa original que aprobó la Cámara Alta en noviembre del año pasado y con un solo voto en contra.

    Giustiniani fundamenta su proyecto en casos extraídos de la realidad, como la incongruencia que vive una chica de 19 años que trabaja de mesera en un restorán para enviar dinero a su familia en el interior y, sin embargo, no puede viajar con su novio a Colonia, Uruguay, sin autorización de sus padres.

    También el senador da el ejemplo de los jóvenes menores de 21 años que viajan al exterior por estudios o trabajo y pueden votar e incluso ir a la guerra, pero no sacar documentación sin tutelaje. “Resulta francamente casi ridículo que en tiempos en que hay voces que reclaman disminuir la edad de punición de delitos se siga manteniendo los 21 años para ser considerado un ciudadano de plenos derechos”, sostuvo Giustiniani.

    Según cifras del censo 2001 que incluye el proyecto, hay 1.910.025 personas de entre 19 y 20 años en el país. La modificación del Código Civil para bajar a 18 años la mayoría de edad armonizaría la ley argentina con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño, la que nuestro país aprobó en 1990 y que fija esa edad para considerar a una persona como adulta.

    En la primera reunión que hizo la Comisión de Legislación General para abordar el proyecto, la especialista en derecho y minoridad Cecilia Grosman apoyó debidamente la iniciativa y señaló que, además, la reforma adecuaría la legislación a las que tienen el resto de los países del Mercosur y de la región. Su colega Marcos Córdoba, a su vez, señaló ante los legisladores la necesidad de que estos avancen en la modificación de la ley, para que no sean los tribunales los que cambien la normativa por vía interpretativa.