A 16 días de la desaparición de Jorge Julio López, la ola de amenazas alcanzó, en las últimas horas de ayer, a dos miembros del tribunal que condenó al represor Miguel Etchecolatz, a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y al secretario de Derechos Humanos bonaerense, Edgardo Binstock.

    El gobernador Felipe Solá dijo que “cualquier sinvergüenza puede amenazar”, pero advirtió que lo grave es que el albañil de 77 años, testigo del juicio a Etchecolatz, sigue sin aparecer. Desde el 18 de setiembre, nadie tiene respuestas sobre el paradero de López, el sobreviviente de la dictadura que acusó a Etchecolatz, a quien se está buscando en todo el país y cuya desaparición desató un mar de dudas sobre un complot de represores para evitar juicios e intimidar a futuros testigos.

    “Todo lo que sabemos (del caso López) es precisamente lo que no podemos decir”, aseguró ayer Solá, tras ratificar que se sigue profundizando en las investigaciones aunque no haya noticias.

    La desaparición de López derivó, además, en una seguidilla de amenazas a funcionarios judiciales: el primero fue el juez Carlos Rozanski, presidente del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que dictó la condena a reclusión perpetua a Etchecolatz, y ayer fueron sus otros dos compañeros, Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde. Las misivas –que también llegaron al fiscal del juicio, Carlos Dulau Dumm– fueron recibidas ayer, aunque habían sido enviadas el 22 de setiembre desde una sucursal de Correo Argentino por un supuesto congreso internacional de víctimas del terrorismo.

    “Existe un clima generalizado, una usina intimidatoria y de amedrentamientos a los que cumplimos función pública o mantenemos todavía una actividad en los derechos humanos”, dijo el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, también destinatario de extraños llamados.

    INTIMIDACIONES. Ayer se sumaron a la lista el secretario Binstock –según reveló Solá– y Estela de Carlotto. “Es un momento difícil, donde estamos luchando codo a codo para mantener la democracia, y estamos luchando por una vida que no sabemos dónde está –dijo Carlotto–. Vengo de Mendoza, donde recibí el regalo de rutina, una amenaza de muerte”.

    Pero “es una campaña que están haciendo y hay que seguir luchando”, expresó. En el mismo sentido, Felipe Solá quiso bajarle el tono a la seguidilla de intimidaciones porque –dijo– “amenazar, aprovechar el clima, lo hace cualquier sinvergüenza”. Resaltó que “todo anónimo es de cobarde y las amenazas son aprovechamientos de las circunstancias graves de la desaparición de López. Aprovechan esto para crear un clima de acción psicológica”.

    PROTECCIÓN DE TESTIGOS. En el marco de la seguidilla de amenazas, ayer se reunieron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, y el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, quienes analizaron las intimidaciones y ratificaron la realización de acciones para proteger a querellantes y testigos en causas y juicios por violaciones a los derechos humanos.

    Entretanto, Solá indicó que la búsqueda de López sigue adelante, pero recién se dará alguna información “cuando sepamos algo bien concreto”, porque, “mientras tanto, lo que sabemos es precisamente lo que no podemos decir”. En medio de ese hermetismo, la familia de López pidió a los fiscales que unifiquen las investigaciones en un expediente, ante la diversidad de acciones desplegadas para encontrarlo y las reiteradas amenazas que se sucedieron por la investigación.

    Los fiscales Marcelo Martini y Roberto Berlingieri, al frente de la causa, visitaron la casa de Los Hornos de la que desapareció López cuando debía ir al juicio del ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, al que acusó por los tormentos sufridos.