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10 de octubre de 2019
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Opinión

El nuevo banco que ronda la cabeza de Suarez

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La vuelta al banco de la provincia constituyó para el gobernador electo una de sus más sonoras propuestas de campaña. La duda: qué hacer con el lastre que dejó el viejo.

Una de las primeras medidas que impulsará el gobernador electo, Rodolfo Suarez, apenas se haga cargo del Ejecutivo en diciembre, será, según se especula, avanzar en la creación de un nuevo banco provincial, una herramienta financiera que la Provincia perdió hacia fines de los 90, cuando se privatizaron los bancos Mendoza y de Previsión Social. Para lo que viene no hay tiempos a cumplir. Suarez les ha pedido a quienes serán sus colaboradores en el área de Hacienda y de Legales que busquen, sin presión, la mejor manera para contar con un instrumento de crédito, con participación estatal, pero con gerenciamiento privado y que esté exclusivamente al servicio de los particulares: empresas, grandes, medianas y pequeñas, dispuestas a producir en la provincia.

La vuelta al banco de la provincia constituyó para Suarez una de sus más sonoras propuestas de campaña. En verdad, fue una idea que compartieron las dos fuerzas políticas mayoritarias. Es que, navegando en medio de la crisis conformada por ese cóctel pernicioso de la inflación más la recesión, todos parecen coincidir en la necesidad de ir hacia el encuentro de una herramienta propia, ágil y dinámica, afirman, que vaya a cubrir esa falta de crédito para la producción que existe.

Lisandro Nieri, ministro de Gobierno de Alfredo Cornejo, no sabe si será tenido en cuenta por Suarez en el gabinete que el electo está diagramando, pero sí se le ha pedido que estudie y coordine la conformación del nuevo banco. “Lejos del mármol de los años 90, el banco en el que se piensa, prácticamente, no tendrá estructura”, dice Nieri, para agregar que lo primero que se explora es la unión del Fondo para la Transformación y Crecimiento, de Mendoza Fiduciaria y de la Sociedad de Garantía Recíproca para que articulen juntos los tres organismos, sumadas las cuentas del Estado. La idea es alumbrar un nuevo organismo, una sociedad mixta, con gerenciamiento privado, que contendrá todos los requisitos de seguridad que impidan lo que sucedió en los 90, particularmente con el manejo político de aquellos bancos (Mendoza y de Previsión Social) que terminaron arruinando buena parte de la economía provincial y de las finanzas del Estado.

La huella que dejaron aquellas instituciones todavía está marcada en las columnas del debe de las cuentas del Estado mendocino. Tanto es así que Suarez se encontrará con una herencia que Cornejo no alcanzó a cerrar. Se trata del lastre que se corporiza en la actual Dirección de Administración de Activos de los ex Bancos Oficiales (Daabo), que remplazó, en definitiva, a lo que se conoció como el Ente de Fondos Residuales (Efor): un basurero de créditos incobrables con los que se quedó el Estado, luego de limpiar el Mendoza y el Previsión Social, para que ambos resultaran atractivos al capital privado. La historia del banco privatizado, en manos de Raúl Moneta y sus amigos mendocinos, a los que, de igual manera traicionó, es conocida. Tras dos años y medio en manos privadas, el Banco Mendoza privado explotó por los aires, y desapareció en 1999, en medio de un escándalo político y económico nunca antes visto en la provincia.

Además del perjuicio provocado a la economía general de la provincia, la venta del Mendoza y del Previsión Social y la posterior caída del Mendoza de Moneta dejaron una estela que todavía lleva sobre sus espaldas el Estado. No se sabe a ciencia cierta cuál es la magnitud de perjuicio en la actualidad. Sólo se tiene registros de aquellos 1.000 millones de pesos/dólares de los que se hizo cargo el Estado y de lo que se cobró muy poco. Es tan así que sólo se lograron vender algunos inmuebles (fincas y edificios abandonados en su gran mayoría), mientras que muchos de esos créditos que ya se consideraban incobrables se encuentran en riesgo de prescribir. Entre ellos aparecen aquellos famosos casi 6 millones de dólares que tomó el Grupo Vila-Manzano del ex Previsión Social que le permitieron adquirir el Canal 7 de televisión. Por una compensación de deudas extraña y amañada que avaló la Fiscalía de Estado, el fiscal que la conducía, Joaquín de Rosas, sería años más tarde destituido. Parte, en resumen, de una historia macabra entre la política y el empresariado que siempre saco beneficios de un Estado hijo de la pavota, que todavía hace penar a la provincia.

Hacia fines del año pasado, la Daabo contabilizaba alrededor de 800 millones de pesos por cobrar. Pero, de acuerdo con declaraciones que Santiago Pérez, el titular de la Daabo, le hiciera al diario Los Andes en diciembre del 2018, a esa cuenta debía restarse lo poco que se cobró, lo que ingresó por venta de inmuebles y lo que finalmente se asentó como “irrecuperable”. Además, unos 290 millones de pesos se encontraban en sede judicial y a punto de prescribir. Parte de esa herencia es la que recibirá Suarez al tomar el control de la provincia. Sus colaboradores, entre ellos, parte de los que están trabajando con Cornejo, no descartan que en algún momento se envíe una ley a la Legislatura para que la política en su conjunto decida qué hacer con ese lastre oscuro y maloliente. No se animan a hablar de condonación para hacer un borrón y cuenta nueva. Pero, la idea está dando vueltas. Para saber el final de esto, sólo hay que esperar que se vuelva a abrir esa caja de Pandora y ver con qué se sorprende, una vez más, a los mendocinos.

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