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19 de noviembre de 2009
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GIRO SORPRESIVO EN LA CAUSA

El nuevo ADN al indigente Apolo Díaz afirma que no violó ni mató a Micaela

El joven estuvo dos años y medio detenido por este terrible episodio. El cotejo lo desvincula del hecho. Ahora solicitarán la libertad inmediata. El fiscal especial Eduardo Martearena definirá su situación procesal.

    El 4 de julio del 2007, Apolo Jacob Díaz fue detenido mientras dormía plácidamente en un descampado del carril Godoy Cruz, entre calles Libertad y Urquiza, de Guaymallén. Le informaron que estaba acusado de violar y matar a Micaela Reina (12), en un piletón de una bodega abandonada el 18 de mayo, y que había una prueba irrefutable que lo comprometía seriamente con el expediente liderado por el ex fiscal Alejandro Iturbide: un ADN vinculaba sus genes con los del semen hallado en la bombacha de la víctima.

    Esa misma prueba fue declarada nula durante el juicio por un error del magistrado que la instruyó y debió realizarse de nuevo. Ahora resultó que el rastro no pertenece al indigente y se suma un nuevo capítulo a esta historia de nunca acabar. Entonces, ¿quién violó y asfixió a Micaela? Esa es la pregunta que se hicieron ayer todos y cada uno de los que forman parte de la causa, ahora investigada por el fiscal especial Eduardo Martearena. No se sabe qué pasó. Nadie puede explicar por qué el ADN antes afirmaba que el semen hallado era de Apolo y ahora otra prueba forense afirma que no.

    El Sol ya había advertido que probablemente no se había realizado correctamente la cadena de custodia de las muestras de sangre que se cotejaron en primera instancia, cuando se enviaron a Buenos Aires –cuatro indigentes fueron sometidos a la prueba, entre ellos Díaz– y ahora todo hace presumir que así ocurrió finalmente. Martearena recibió el martes a la tarde en su despacho los resultados del nuevo cotejo y grande fue la sorpresa cuando enfrentó el resultado que nadie esperaba.

    Y esto es así, porque más allá de que Iturbide haya cometido errores cuando realizó la pericia, ese primer resultado había sido afirmativo en 99,9 por ciento y se esperaba que ahora no saliera al revés. Esto preocupa a todos los actores del proceso y también a la Suprema Corte, que rechazó un recurso de queja de la querella, representada por Raúl Aranda. Ahora, ese primer estudio no se podrá tener en cuenta, porque la Sala Penal del Máximo Tribunal no quiso revisar la nulidad que dictó la Quinta Cámara del Crimen, respecto de todo lo actuado en la instrucción contra Díaz por Iturbide.

    “Esperemos que el ADN contra Apolo dé positivo, porque, de no ser así, son los jueces de la Corte los que van a tener que explicarle a la familia Reina por qué no aceptaron la queja”, manifestó Aranda a este medio durante el juicio que se realizó el mes pasado y terminó con una condena a seis años de prisión por privación ilegal de la libertad para el padre de Micaela, Alejandro Prádenas, y una sentencia absolutoria para el tío de la víctima, Walter Prádenas (ver aparte).

    LA NULIDAD. La Quinta Cámara del Crimen dictó una extensa resolución que sorprendió a más de uno durante el debate por la violación y muerte de Micaela. Laura Gil de Chales, Gonzalo Guiñazú y Rafael Escot declararon nulo todo lo actuado contra Díaz, el principal sospechoso de ser el autor material del hecho, debido al ADN que lo involucraba y, tras conocer la decisión de los magistrados, muchos letrados del fuero penal caratularon ese episodio como un “bochorno judicial”.

    Además, el tribunal ordenó extraer compulsa a la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia y también al procurador, Rodolfo González, para que investigaran el grado de responsabilidad de todos los funcionarios y magistrados que intervinieron en el proceso de instrucción, tales como el ex fiscal –actual juez de Flagrancia– y el ex juez de Garantías, Manuel Cruz Videla.

    Una medida tan simple pero esencial de cualquier proceso judicial no fue tenida en cuenta por el ex fiscal de Guaymallén, tal como lo es la notificación previa a las partes referida al acto procesal de la prueba de ADN que le extrajeron a Díaz y que lo había llevado al banquillo, violando de esta manera el principio constitucional de bilateralidad y que hizo caer todo lo actuado contra el indigente.

    EL PRINCIPIO DE LA HISTORIA. El caso nació cuando Micaela fue violada y asesinada el 17 de mayo del 2007. Su cuerpo fue encontrado en la pileta de una bodega abandonada. La madre de la niña, Marta Reina, había denunciado la desaparición una semana antes del hallazgo. En esos días, la jueza de Familia Elsa Galera se hizo cargo del caso. La progenitora de la niña dijo que su ex pareja, Alejandro Prádenas, la había secuestrado y que la tenía en su casa.

    La magistrada ordenó que inspeccionaran la casa de Prádenas, en Las Heras, pero los efectivos que fueron no ingresaron nunca a la vivienda. Después de que la niña apareciera muerta, Iturbide ordenó detener a un grupo de indigentes que vivía en esa bodega y les extrajo sangre. Tras realizar esa medida, que nunca notificó, dejó en libertad a todos. Tiempo después, cuando el ADN comprometió a Díaz, ordenó su detención y lo imputó por el delito de abuso sexual seguido de muerte, enviándolo a un centro de detención.

     Ahora, las defensoras oficiales del acusado, María Laura García y Carolina Debeta tienen todo a su favor para solicitar el sobreseimiento de su pupilo procesal y, además, la libertad, ya que se encuentra detenido en el Hospital Neuropsiquiátrico El Sauce, purgando una condena por robos y hurtos. Según fuentes de su entorno, el joven está depresivo y su salud corre riesgo.

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