Unas 15 organizaciones sociales chilenas lanzaron ayer una campaña para legalizar la unión civil, tanto para homosexuales como heterosexuales, iniciativa apoyada por parlamentarios de distintos partidos políticos pero rechazada por la Iglesia católica. La idea es que el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, quien durante su campaña electoral se mostró dispuesta a fomentar la convivencia entre personas del mismo sexo, impulse un proyecto de ley al respecto.
En julio pasado, el Gobierno se comprometió a auspiciar la propuesta si esta contaba con un apoyo transversal en la Concertación, la coalición que gobierna desde 1990, lo que fue conseguido por las organizaciones. “Existe apoyo transversal en los partidos políticos hacia la iniciativa, menos en la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI)”, dijo ayer en rueda de prensa el presidente del Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez. El dirigente rechazó que este sea el primer paso para legislar sobre matrimonios de personas del mismo sexo, como han señalado los opositores al proyecto.
La iniciativa, que ha sido apoyada por los cuatro partidos que integran la coalición gobernante de centro-izquierda y por el derechista Partido Renovación Nacional, permitirá a las parejas acceder a beneficios en materia de pensiones, salud y herencia, entre otros. En la oportunidad, los dirigentes remarcaron que la iniciativa beneficia también a las parejas heterosexuales que conviven sin haberse casado, y que están “en una completa indefensión jurídica”. Por su parte, la diputada del Partido por la Democracia (PPD), María Antonieta Saá, criticó a la Iglesia católica por su oposición al proyecto y le pidió “que no imponga sus creencias a la sociedad chilena”. La parlamentaria reconoció, sin embargo, el derecho de la Iglesia de “plantear su posición y transmitirla a sus fieles”, pero insistió en que no debe “imponerlas a toda la sociedad”.
