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18 de marzo de 2021
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Quinto país en el mundo en regularla

España aprueba la ley de eutanasia

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Los solicitantes deberán “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”

España se ha unido este jueves a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá como uno de los primeros países que regula la eutanasia. En Portugal, el Constitucional se ha opuesto a la ley; mientras que en Colombia, la práctica es legal, según una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no está reglamentada. En Nueva Zelanda está previsto que la ley entre en vigor en noviembre. En partes de Estados Unidos y Australia la práctica también está permitida. La ley, que se ha aprobado definitivamente este jueves en el Congreso español, entrará en vigor dentro de tres meses.

Para solicitarla, el afectado debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”. Aunque se ha eliminado del título de la proposición durante el debate parlamentario, la norma regula tanto la eutanasia propiamente dicha ―”administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente”―, como lo que se ha denominado suicidio médicamente asistido ―”la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que esta se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte”―.

La ley, que fue aprobada con 202 votos a favor (PSOE, Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, Más País, Bildu, PNV, CUP, Ciudadanos), 141 en contra (PP, Vox, UPN, Foro Asturias) y dos abstenciones (CDC y Teruel Existe), llegó al Congreso en enero del año pasado.

La ley española

A diferencia de las otras leyes vigentes, mucho más garantista, establece una serie de pasos que pueden demorar el proceso, desde que el enfermo lo solicite, más de un mes. Empieza por la petición del afectado, que debe ser manifestada por escrito dos veces en 15 días. En esta solicitud debe quedar claro que la decisión no es “el resultado de ninguna presión externa”. Además, para asegurarse de la voluntad del solicitante, este debe haber dispuesto por escrito “de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia”. El afectado podrá cambiar su decisión en cualquier momento y, una vez reciba la autorización pertinente, retrasar su aplicación todo lo que quiera.

A partir de esta segunda demanda, el médico del paciente debe trasladar la petición a la comisión autonómica correspondiente, que determinará qué dos profesionales, ajenos al caso, examinarán la petición, y, posteriormente, aprobará o rechazará la decisión que estos dos especialistas tomen. La ley no fija la composición de esta comisión, que determinará cada autonomía, salvo que deberá constar de al menos siete personas, con especialistas médicos, jurídicos y en enfermería. Esta comisión deberá responder en 19 días.

La proposición ha sido promovida por el Grupo Socialista, pero ha contado con un fuerte impulso de familiares de personas que han pedido ayuda para morir, agrupadas por la plataforma Change.org, que hace algo más de un año presentaron un millón de firmas a favor de la iniciativa.

Los afectados no han podido seguir el debate desde la tribuna de invitados por las medidas de seguridad frente a la covid. El debate ha transcurrido por las Cámaras con PP, UPN y Vox pidiendo una ley de paliativos que ninguno ha presentado, y afirmando que con esta norma se legaliza el asesinato. Y el resto, apoyando con matices el texto sobre la base de que el derecho a una vida digna debe ir ligado al de tener una muerte digna.

La norma ha recibido el rechazo de la Organización Médica Colegial, que avisa de que va a vigilar cómo se regula la objeción de conciencia de los profesionales y afirma que la eutanasia no es un acto médico, aunque la ley prevé que sea un derecho convertido en una prestación del sistema de salud. También el Comité de Bioética de España ha rechazado que se considere un derecho.

Los partidarios de la ley tampoco creen que su trabajo haya terminado. Asun Gómez ha manifestado su temor a que las comisiones autonómicas tengan sesgos que hagan que en unos lugares sea más fácil recibir la ayuda solicitada que en otros.

Fuente: El País / ABC

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