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7 de julio de 2006
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VIVIENDAS SOCIALES

El IPV dice que es delito lo que hizo Vila

El titular del organismo, Raúl Cicero, responsabilizó a senadores y escribanos por las irregularidades

      “Es un delito”.Así caratuló el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Raúl Cicero, la compra de una casa social para personas de escasos recursos por parte de Alfredo Luis Vila, el poderoso empresario del multimedio Uno. El funcionario admitió que, como este caso irregular, existen más de 6.000 en la provincia, y se despegó de todo tipo de responsabilidades. Acusó a los senadores y a los escribanos.


       En el primer caso, dijo que es por un proyecto de ley que está en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales que no ha sido aprobado y por eso suceden estos casos. En el segundo, por avalar con su firma operaciones financieras “ilegales”, ya que una vivienda construida por el Estado no puede ser alquilada, vendida o prestada, a menos que tenga el consentimiento del IPV.Y mucho menos si el adjudicatario del plan aún no termina de cancelar la deuda, como ha sido el caso de Vila, y la entrega a otras manos.


      El nuevo escándalo de este empresario surgió a partir de una operación secreta en el 2002, cuando Alfredo Vila compró por 3.500 pesos una vivienda social en el barrio El Cardenal de Godoy Cruz, adjudicada a Victoria Elizabeth Lescano. El acuerdo fue pagar al contado una parte y hacerse cargo de la deuda, abonando 68,69 pesos mensuales. Si bien la casa está anotada en el Registro de la Propiedad a nombre de uno de los integrantes del grupo dueño de la empresa del barrio privado Dalvian, quien vive en ese lugar es uno de sus custodios.


     Se trata del ex policía Marcelo Eduardo El Negro Salcedo, quien fue imputado penalmente por la Justicia como uno de los hombres que atacó al titular del directorio de Canal 9, Sigifredo Alonso, hecho ocurrido en diciembre del 2002, en la finca del empresario en Fray Luis Beltrán, Maipú.


CADA CUAL EN SU JUEGO.


      Cicero desparramó culpas hacia la Legislatura y los escribamos. “Me refiero a un proyecto que habla del objeto de la vivienda social y que dice que no puede ser ocupada por otro que no sea el adjudicatario”, dijo el titular del IPV, y agregó: “Quien compró por malas formas, debería perder absolutamente la prioridad sobre la vivienda”. El funcionario aclaró que “esta situación irregular no es un cuasidelito, es un delito”.


      Y apuntó hacia otro lado al decir que “si a esto le sumamos escribanos inescrupulosos que por unos pesos escriben cualquier cosa y justifican la transferencia de un bien cuya hipoteca está diciendo que no se puede, estamos ante una mezcla explosiva”. Pero los senadores, tanto del oficialismo como de la oposición, consideraron que esta situación, así como la de los 6.000 casos que denunció Cicero, no necesitan de esta ley para actuar.


      “Hay que hacer un seguimiento de la cartera hipotecaria del IPV, más allá de la morosidad que existe”, disparó el senador justicialista Jorge Tanús, y dijo que el proyecto quedó frenado porque hay un dictamen de un asesor legislativo que sostiene que es inconstitucional porque viola los derechos de la propiedad privada (ver aparte).

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