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22 de julio de 2006
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ESCÁNDALO CON EL DUEÑO DEL GRUPO UNO

El IPV busca recuperar la casa de Vila

Abogados de ese organismo analizan iniciar, en agosto, una demanda judicial con el fin de conseguir la expropiación, aunque el problema es que la vivienda iría a remate. El titular de ese ente, Raúl Cicero, volvió a pedir una ley que limite este accionar

          Luego de que El Sol revelara que el Raúl Cicero poderoso empresario del multimedio Uno, Alfredo Luis Vila (hijo) compró una casa del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), este organismo está abocado ahora a analizar el caso e iniciar acciones legales para lograr la recuperación de esa propiedad. Ayer, el titular del IPV, Raúl Cicero, expresó que un grupo de abogados de esa entidad oficial está trabajando y estudiando pedir, vía judicial, la expropiación de esa casa. Entre los profesionales se encuentran Miguel Campoy, Roberto Gómez y Eduardo Reynaud, encargado del área de Recuperación de Viviendas.


DIFÍCIL.


         Sin embargo, el funcionario aseguró que no será fácil y que hay más de 6.000 adquisiciones de este tipo en toda la provincia, especialmente porque la Legislatura no convierte en ley un proyecto sobre regularización dominial y uso de las viviendas sociales, que contempla la expropiación, el cual hace tres años da vueltas en el recinto legislativo. Así con esta norma se evitaría que las viviendas desadjudicadas puedan ser rematadas y compradas por cualquier persona, como sucede hoy.


         Pero la crítica principal de Cicero es contra los escribanos que avalan con su firma operaciones financieras “ilegales”, ya que una vivienda construida por el Estado no puede ser alquilada, ni vendida, ni prestada, a menos que tenga el consentimiento del Instituto. Y mucho menos, si el adjudicatario del plan aún no termina de cancelar su deuda, como ha sido el caso de Vila, y la entrega a otras manos.


INTENCIÓN.


       “Vamos a hacer todo lo que se pueda para recuperarla. Se está analizando seriamente el caso para decidir la presentación judicial, que posiblemente se haga el mes próximo. El problema es que no tenemos todavía la ley que desde hace tanto tiempo reclamamos, la cual nos permitiría recuperar viviendas y readjudicarlas a quien realmente lo necesita, en lugar de rematarlas y que las compre cualquier mendocino. Igualmente, los plazos legales de devolución, hoy, demoran más de 3 años”, explicó Cicero.


 ESCÁNDALO.


        Este nuevo escándalo del grupo multimedio nació con una operación secreta, en el 2002, cuando el empresario compró por 3.500 pesos una vivienda en el barrio El Cardenal de Godoy Cruz –casa 15, manzana H –, adjudicada a Victoria Elizabeth Lescano, haciéndose cargo de la deuda hipotecaria, según consta en el Registro de la Propiedad, y cuya transferencia de dominio aún no fue ni notificada ni autorizada por el IPV.


        El acuerdo fue pagar al contado una parte y hacerse cargo de la deuda, abonando 68,69 pesos mensuales. Según el certificado de propiedad de la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial, la transferencia fue realizada el 5 de setiembre del 2002, ante el escribano Rodolfo J. F. Gambi, vinculado estrechamente al grupo Vila-Manzano-Moneta. Así, si bien la casa está anotada en el Registro de la Propiedad a nombre de uno de los integrantes del grupo dueño de la empresa del barrio privado Dalvian, quien vive en ese lugar es uno de sus custodios.


     Se trata del funcionario del Ministerio de Seguridad Marcelo Eduardo El Negro Salcedo, quien ha sido imputado penalmente por la Justicia como sospechoso de ser el autor del atentado contra el empresario Sigifredo Alonso, en diciembre de 2001.

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