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13 de junio de 2007
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DESARROLLO SOCIAL

El Gobierno estaba al tanto de la mala calidad de la leche La Campesina

La titular de Políticas Alimentarias, Liliana Mirábile, había rechazado en primera instancia a la empresa Mageral por no cumplir con los requisitos oficiales. Sin embargo, ganó la licitación. La insólita trama consta en un expediente del Tribunal de Cuentas.

    El Gobierno provincial estaba al tanto de que la leche marca La Campesina, de la empresa Mageral SA, no cumplía con las condiciones que determina el Código Alimentario Argentino. No obstante, la firma ganó la licitación de la mitad de las 630.000 unidades de leche en polvo que fueron licitadas en su momento.

    Resulta por lo menos sorprendente que la misma funcionaria, Liliana Mirábile, directora de Políticas Alimentarias, quien primero rechazó el alimento por no atenerse a los requisitos de esta reglamentación oficial, diera después el visto bueno para que ganara cincuenta por ciento de la licitación. Así consta en un informe proporcionado por el Tribunal de Cuentas de la provincia, en la foja 261 del expediente licitatorio 833- P-2006.

ADVERTENCIAS DEL TRIBUNAL. Tanto el director General del Tribunal de Cuentas, Enrique Sánchez, como la representante del área Gobierno de la entidad, Graciela Salvo, explicaron que en octubre del año pasado enviaron una serie de recomendaciones a la dirección que Mirábile encabeza, a la Subsecretaría de Integración Social y al Fondo de Inversión y Desarrollo Social (Fides) por la licitación de la leche.

    Entre otras cuestiones, se recomendó que los responsables de la Dirección de Políticas Alimentarias explicaran cuál fue el motivo por el que no se tuvo en cuenta, en el momento de la preadjudicación, el informe de evaluación presentado con anterioridad por la titular del área. En ese informe, con fecha 29 de junio del 2006 y que consta en la foja mencionada del expediente del proceso licitatorio, se señala expresamente que la marca La Campesina no cumple con las condiciones del artículo 567, inciso B del Código Alimentario Argentino. Los inconvenientes del producto tienen que ver con no haber superado favorablemente las pruebas de dilución y degustación.

    Esto fue establecido en el acta de control número 029/030, proveniente de la misma dirección que encabeza Liliana Mirábile. Sin embargo, la misma funcionaria firmó, el 4 de julio del 2006, la preadjudicación de 315.000 cajas de leche en polvo a la firma cuestionada. Mientras que la marca Vidalac, que sí cumplía con las condiciones requeridas, ganó la licitación de otras 315.000 unidades.

    Los representantes del Tribunal de Cuentas aseguraron que desde ninguna de las entidades responsables se emitió respuesta alguna sobre este claro y contundente cuestionamiento sobre una de las marcas de leche en disputa. Ayer, la titular de Políticas Alimentarias manifestó a El Sol que si el Gobierno gasta más dinero por igual calidad de producto teniendo ofertas más baratas, el Tribunal de Cuentas cuestiona el porqué.

    El titular del órgano de control, Enrique Sánchez, realizó dos observaciones respecto a esas declaraciones. Por un lado, aseguró: “Nosotros nunca pondríamos inconvenientes en que se adquiera un alimento de mejor calidad a un precio más alto si la compra está justificada”. Por otra parte, el funcionario manifestó que de la partida autorizada inicialmente para la compra de leche, 5.040.000 pesos, sólo se utilizaron 4.221.000, es decir que sobraron 819.000 que se desafectaron de la operación, los que podrían haberse utilizado sin que eso hubiera significado una irregularidad ni se hubiera interpretado como un gasto superfluo.

MÁS CUESTIONAMIENTOS. Sin embargo, esa no es la única llamada de atención que el tribunal le hizo a la Dirección de Políticas Alimentarias sobre el tema. Graciela Salvo, encargada específica de los gastos del Gobierno, expresó, además, que se recomendó la implementación de un registro ordenado de beneficiarios de bolsones de mercadería que posibilitara el seguimiento de los mismos. Si bien Mirábile dice que tal registro existe, al Tribunal de Cuentas no le consta.

    Así como tampoco tiene registro de la existencia de una resolución emitida por el área de Mirábile para autorizar la entrega de subsidios a asociaciones, comedores, merenderos y uniones vecinales. Según informó el titular del tribunal, esas recomendaciones se convierten en pasibles de sanción, una vez que se rinde la cuenta de cada entidad, si no existe una justificación para lo cuestionado. La cuenta de Políticas Alimentarias, en la que deben figurar todos los movimientos económicos del período 2006, venció en abril. Sin embargo, según confirmaron los contralores, está incompleta y tiene muchos otros inconvenientes, aunque no especificaron cuáles.

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