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3 de diciembre de 2009
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EMBESTIDA OFICIAL

El Gobierno denunció que sufre extorsiones del Grupo Vila-Manzano

Inesperadamente, en medio de la interpelación por la política de casinos, revelaron aprietes y amenazas.

    Cansado de soportar presiones y apretado por la amenaza de recibir al menos cinco demandas penales en contra de su gestión, la administración jaquista denunció públicamente que está siendo extorsionada por el grupo económico que representan los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano.

    La acusación fue expresada por el secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, quien, en medio de una interpelación pública por los cuestionamientos al decreto reglamentario de casinos, reveló que los empresarios están hostigando al Gobierno desde hace meses para lograr beneficios personales y económicos en detrimento de los mendocinos.

    “Claramente quiero decir que detrás de esta situación hay una presión de extorsión de parte de José Luis Manzano y Daniel Vila, que tienen intereses en esta materia y en servicios públicos”, apuntó el superministro de Jaque, dejando boquiabiertos a los diputados que ocupaban sus bancas en la Cámara Baja. Pero, a pocos minutos de detallar cómo sucedió, agregó que grupos empresarios presionan para que las salas de juegos oficiales sean privatizadas.

    Tras lanzar la denuncia pública, que reviste una gravedad institucional sin precedentes, el funcionario puntualizó detalles de la política oficial de juegos y remarcó, una y otra vez, que la administración de Jaque ha sido víctima de numerosas injurias y ataques a través del multimedio periodístico que comanda el empresario Daniel Vila (Uno Medios). “Se han hecho denuncias penales y se ha injuriado el honor del gobernador y hasta de quien les habla”, reiteró, más de una vez, el superministro de Jaque, liderando un ataque que se sospechaba desde poco más de dos horas antes de que llegara a la Legislatura.

EL ORIGEN. La relación entre el empresario que hoy comanda el servicio eléctrico a través de su participación accionaria en Edemsa y el Gobierno viene en picada desde hace meses. La gota que colmó el vaso fue una amenaza telefónica que habría recibido Cazabán el 11 de noviembre, mientras se desarrollaba una importante reunión en Edemsa, en la que miembros del directorio por parte del Estado votaron en contra de una resolución que los habilitaría a tomar un endeudamiento por 60 millones de pesos argumentando que la empresa atraviesa uno de los peores momentos de crisis.

    Tras el rechazo de Ricardo Reta, Armando Surballe y Daniel Rada, Cazabán dice haber recibido una amenaza telefónica de un enviado de José Luis Manzano advirtiendo que, si no daban luz verde al endeudamiento, caerían cinco demandas penales en contra de la figura del gobernador y su gestión.

    Ese mismo día, Jaque y Cazabán fueron denunciados en la Fiscalía Especial de Eduardo Martearena por estar propiciando negociados con empresarios a través de la política oficial de casinos detallada en el decreto 2.595, que fija cuatro por ciento de la superficie cubierta total para destinarse a salas de juego.

    A esta se sumó una compulsa penal por desobediencia contra Jaque y Cazabán, entendiendo que no debían dictar el decreto cuando había una medida cautelar pendiente en la Justicia federal. Esta última llegó en las últimas horas y habría servido para desatar la declaración pública de aprietes y extorsiones al Gobierno de parte del grupo empresario en cuestión.

RECHAZO AL APRIETE. En medio de las bocanadas del superministro, se ensayó una encendida defensa de los intereses generales, al advertir que el Gobierno no siente temor y no piensa doblegarse ante las presiones de los empresarios. “Hay otra Mendoza distinta a un grupo económico o a lo que este grupo pretende impulsar”, dijo Cazabán. Lo que no logró explicar es por qué no se denunciaron en el momento en que ocurrieron los aprietes que aseguró que perpetró el grupo económico, teniendo en cuenta que pasaron algo más de 20 días desde aquella comunicación telefónica en la que Manzano habría mandado a intimidar al superministro.

    “Que sigan viniendo”, “Mendoza no puede ser de uno solo”, “La provincia es de todos los mendocinos y son sus instituciones las que están en juego”, “Quieren quedarse con Mendoza, y no lo vamos a permitir ni a tolerar”, fueron algunas de las frases que retumbaron como un eco en boca de un referente oficial que, por momentos, se sumergió en la inacción que transluce el Gobierno.

TIBIO DEBATE. La interpelación duró poco más de cinco horas y tuvo tibias intervenciones de los legisladores, que se apostaron más a criticar el polémico decreto 2.595 que a interrogar sobre otros aspectos más profundos de la situación, como por qué el Gobierno no denuncia en la Justicia los supuestos aprietes de grupos empresarios o qué participación tuvo el propio Cazabán durante la administración de Rodolfo Lafalla en el mismo momento en que se privatizaban los servicios públicos en cuyas composiciones fueron penetrando poco a poco estos mismos grupos que ahora quedaron bajo la lupa.

    Pero tampoco se arriesgaron a preguntar por qué se les entregó un manojo de áreas petroleras, que si bien habían sido concesionadas bajo el ala cobista, podrían haberse impugnado. Entre las tibias intervenciones hubo alocuciones llamativas, como la del diputado Andrés Marín, quien felicitó a Cazabán por mostrar una cuota de valentía al hacer la denuncia pública.

    El jefe del bloque de Confe le reprochó que no hubiera ido antes a la Justicia, teniendo en cuenta la gravedad institucional que reviste la situación. Cuando se le insistió sobre los motivos de la denuncia que aún no se hizo, sólo advirtió que tanto el gobernador como él han iniciado todos los pasos necesarios para defender los ataques a su honor, aunque no precisó detalles.

    La exposición de Cazabán fue larga y pesada, porque durante horas se dedicó a defender la validez del polémico decreto que, según su opinión, se gestó para dar seguridad jurídica a las firmas que componen el Sheraton y el casino que se inaugurará en el hotel frente al Shopping y a las inversiones anunciadas en Maipú, San Martín y Tunuyán.

    Así, Cazabán, que para soltar las serias acusaciones eligió sentarse junto a un hombre ligado a empresas de Vila, como Daniel Pereyra (hoy al frente del Instituto Provincial de Juegos y Casinos y persona de ultra confianza de Jaque), se fue de la Legislatura dejando bajo el ala de esta cámara la presentación judicial que permitirá una investigación en base a sus dichos. Mientras, el gobernador siguió paso a paso lo que estaba sucediendo desde la Casa de Gobierno, donde se ultimaban los detalles del endeudamiento que 24 horas antes le había autorizado la Legislatura.

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