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14 de septiembre de 2017
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Allanamiento en Ciudad

El ex penitenciario acusado de dirigir el aguantadero que aterrorizaba a la Cuarta

<p>Maximiliano Bast&iacute;as (28) hab&iacute;a sido denunciado por ex inquilinos. Al parecer, el joven los amedrentaba con un arma de fuego para que le pagaran.&nbsp;Adem&aacute;s, cuenta con varios familiares en la Polic&iacute;a. En el lugar cayeron otros dos sujetos con pedido de captura.</p>

Un ex penitenciario fue detenido ayer por la mañana tras un importante allanamiento en realizado en una pensión usurpada en la Cuarta Sección Este, Ciudad. El joven, identificado como Maximiliano Bastías (28), está sospechado de dirigir el aguantadero y amenazar con armas de fuego a algunos inquilinos. El dato que llamó la atención a los pesquisas del caso es que Bastías es hijo y hermano de efectivos policiales.

Durante el procedimiento también se logró atrapar a otros dos malvivientes con pedido de captura y a un par de sujetos que contaban con diversos antecedentes. Pese a esto, la mira está puesta en el señalado mandamás del lugar y a su círculo de confianza.

Ver también: Allanan un "aguantadero" y detienen al hijo de un policía

Bastías fue imputado por la fiscal Correccional Liliana Giner, que interviene en la causa, y en las próximas horas se definirá si pasa a la penitenciaría. 

Denuncia bisagra

Desde hace un largo tiempo, investigadores policiales tenían la mira puesta en la conocida pensión ubicada en una esquina de Alberdi y Rioja. La misma había sido clausurada varias veces, pero siempre volvía a ser ocupada de forma ilegal.

En la zona era vox populi que el lugar era una suerte de aguantadero para malvivientes. Incluso, vecinos que transitan por esa esquina aseguran haber sufrido asaltos por parte de los residentes, por lo que siempre debían evitar pasar por esa intersección. 

Pese a la intención de los pesquisas de querer desbaratar el lugar, la Justicia no daba la autorización para realizar un allanamiento debido a que no se contaba con pruebas necesarias que motivaran la medida judicial.

Sin embargo, una denuncia por amenazas agravadas realizada el año pasado y en la que intervino la Fiscalía Correccional, sirvió como punta del ovillo para desarticular la señalada organización delictiva que se había desarrollado. A partir de allí, comenzó una extensa y sigilosa investigación policial, liderada por sabuesos de la División Robos y Hurtos, dependiente de la Dirección de Investigaciones. 

Pesquisas de Robos y Hurtos durante el procedimiento.

En el expediente de esa causa –Nº 62736/16– las víctimas, ex residentes de la pensión, dejaron asentado que habían sido intimidadas por los “administradores”, quienes a punta de pistola exigían el dinero de la renta cuando se atrasaban algunos días. En las declaraciones siempre se mencionaba a Maxi Bastías como el autor de las amenazas armadas. 

Qué hay detrás

Maximiliano Ezequiel Bastías Fernández, nacido en 1989, es un ex guardiacárceles que ingresó a esa fuerza en el 2008 y fue exonerado tres años después por abandono de servicio.

Según fuentes consultadas, el joven dejó de asistir a sus labores el 4 de noviembre del 2010 tras tener algunos problemas con un superior. Tras esto, pasó a pasiva en abril del 2011 y finalmente dejó de ser agente en junio del 2012.

Los detectives tienen la certeza de que Bastías utilizaba los contactos que había hecho durante su época como penitenciario para traer nuevos residentes que estaban comprometidos con la ley: ex convictos, prófugos y sujetos con extensos antecedentes.

Incluso, él mismo se sumergió en el mundo delictivo tras desertar como agente. En su prontuario figuran un robo simple, registrado en el 2014, y un robo agravado por la sustracción de vehículo por un hecho ocurrido en el 2015. 

En tanto, Bastías tiene a varios familiares en la Policía provincial. Su padre, Fabián, y su hermano, Leonardo, que presta servicios en la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT) y tiene otros parientes en la fuerza, de acuerdo con fuentes allegadas al caso.

Además, de acuerdo con lo aportado por algunos inquilinos que lo denunciaron, su hermano también habría participado en las amenazas y hasta aseguraron que en esas ocasiones utilizaba el arma reglamentaria. Estos datos no constaban en el expediente pero estaban siendo investigados por los sabuesos, según contó uno de ellos en charla con El Sol

El procedimiento

La medida judicial que se realizó ayer llevaba semanas de cuidadosa planificación, debido a que en el interior iban a encontrar a personas que poco tenían que ver con el mundo delictivo. “Va a estar heavy” había anticipado un sabueso a este diario. 

Los pesquisas de Robos y Hurtos querían dar el golpe en el momento justo y para eso eligieron las primeras horas de la mañana, cuando la tranquilidad y la quietud predominan en el lugar. 

Minutos antes de las 7 arribaron hasta la esquina de Alberdi y Rioja e irrumpieron, destrozando la puerta de ingreso. El primer objetivo era atrapar a Bastías y otros dos sujetos que contaban con pedido de captura.

En pocas horas los efectivos lograron a buscados y otros malvivientes. 

Se trataba de Gianfranco Jesús Pinto (23), con antecedentes por robo agravado y hurto simple, y Héctor Fabián Gómez, con causas por agresión, robo, infracción de la ley 23.737 (de Estupefacientes), lesiones leves, abuso sexual agravado y coacciones, entre otros delitos, de acuerdo con las fuentes.

En pocos minutos, los prófugos fueron sorprendidos y rápidamente esposados y trasladados a la Comisaría Cuarta. 

Luego se aprehendió a otros dos sujetos con antecedentes y, pasadas las 8, se procedió a registrar el lugar, pero no se logró encontrar ningún elemento que comprometiera a los detenidos.

Horas después, el Municipio ordenó cortar los servicios de agua, luz y gas de la propiedad. Eso provocó indignación en el resto de la población de la pensión. Este jueves se definirá si el lugar será desalojado y clausurado nuevamente. 

Los números de la pensión

La pensión cuenta con 34 habitaciones de 1,50 x 2 metros, en cada una vivían dos personas. Al parecer, en un principio, las piezas era más amplias pero fueron separadas con tablas para aumentar su capacidad.
En total vivían unas 60 personas entre hombres, mujeres y niños. 

El monto que abonaban por mes los inquilinos oscilaba entre $2.000 y $2.500, por lo que se estima que los responsables facturaban unos $70 mil por mes.

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