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15 de abril de 2019
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Administración fraudulenta

El ex intendente Salgado busca evitar un nuevo juicio

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Es por la causa en la que cayó detenido en 2016 por librar unos 400 cheques sin fondo por 17 millones de pesos que fueron cambiados en "cuevas".

El ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, y parte de su gabinete pidieron quedar desvinculados de la causa que se le inició por libramiento de cheques sin fondo, la cual está próxima a llegar a debate. Fue precisamente por este expediente que los ex funcionarios municipales de su gestión quedaron detenidos en marzo de 2016.

El pedido del ex intendente justicialista fue rechazado por el Ministerio Público y ahora un Tribunal Penal Colegiado debe resolver un planteo de nulidad presentado por los abogados defensores. Ese apunta a las actuaciones del fiscal en Jefe de Delitos Económicos, Sebastián Capizzi; del fiscal Adjunto, Gonzalo Nazar, y del fiscal Santiago Garay, de quienes también la defensa solicitó el apartamiento de la investigación.

Los letrados sostienen que Salgado y parte de su equipo ya fueron juzgados y condenados por “una unidad de hecho”, que fue en la administración municipal con varias figuras penales, por lo que no correspondería llevarlos a juicio nuevamente. Por esta razón solicitaron el sobreseimiento.

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En el escrito presentado a la fiscalía a cargo de Garay, señala: "La plataforma fáctica de ambas causas son identitarias y dada la Unidad de Gestión, existe un concurso ideal, un solo hecho como actuación, como única actividad delictiva, con diferentes calificaciones legales; pero no obstante ello, tenemos dos causas con los mismos hechos de actuación y una de ella con sentencia y la otra en etapa de instrucción”.

Bajo esta línea argumental es que solicitan el sobreseimiento, "ya que la pretensión de la acción penal se encuentra extinguida con la sentencia penal condenatoria, no recurrida en casación por el Ministerio Público Fiscal”.

De darse la razón a este planteo se dejaría sin efecto un nuevo juicio para Salgado, Franco Ojeda –ex titular de Hacienda- y para Néstor Trigo, ex secretario de Gobierno.

Todos están imputados por los delitos de Administración Infiel en perjuicio de la Administración Pública (art. 173 inc 7 en función del art. 174 inc 5 de CP), en concurso real peculado ( art. 261 CP) y libramiento de cheques a sabiendas de su imposibilidad de pago.

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El rechazo del Ministerio Público

Luego de que el escrito se presentara ante el fiscal de instrucción, Garay lo elevó a consulta del fiscal en jefe Capizzi y a Nazar, como fiscal Ajunto. 

El pasado 27 de marzo se negó el sobreseimiento al entender que “la garantía constitucional del “non bis in idem” (cfr. art. 8.4 CADH, art. 14.7 PIDCP y art. 1 CPPMza), que la defensa intenta hacer valer requiere la plena congruencia de tres datos (persona, objeto y causa) que se resumen en el concepto “hecho”, por consiguiente, la sola identidad de denominación o pretensión punitiva o la inclusión en un único contexto de pertenencia funcional no significa que la persecución sea por el mismo delito”.

"Por lo tanto, para que el principio “non bis in idem” sea aplicable, será necesario que la segunda (posterior) persecución penal se refiera al mismo hecho que fue objeto de la primera. El concepto de identidad de hecho implica, a estos efectos, la existencia de una triple identidad: identidad de persona (idem personam), identidad de objeto (idem re), e identidad de causa de persecución (idem causa petendi)", agrega la resolución.

Para el Ministerio Público no se trata del mismo hecho, “sino que en el mismo mandato se consumaron distintas maniobras con distintos resultados y distintos funcionarios involucrados”, según explicaron a El Sol.

En uno de los pasajes de la resolución remarcan que "la unión de todos los delitos de infracciones del deber como un solo hecho, aseguraría cobertura e impunidad al responsable frente a la extensión y variedad de comportamientos y realización de conductas penalmente relevantes, impactando de manera negativa en la pretensión de prevenir y sancionar la corrupción”.

Asimismo, al ser consultadas fuentes de la fiscalía de Delitos Económicos, aclararon que una primera respuesta la da el instructor de la investigación y ahora se le dará tratamiento a través de un tribunal penal colegiado.

Nulidad y pedido de apartamiento del caso 

El abogado Antonio Carrizo, patrocinante de Ojeda, explicó que están expectantes a que se fije una audiencia para tratar el planteo de nulidad que se interpuso la semana pasada.

“Nuestro pedido de nulidad se funda en que el Ministerio Público no tiene facultades para negar el sobreseimiento, es un juez el que debe hacerlo”, reclamó.

"Los tres fiscales resolvieron no hacer lugar al sobreseimiento; es decir que sacaron a mi pupilo del juez natural para resolver su situación legal, arrogándose en forma ilegitima, ilegal y arbitraria facultades jurisdiccionales que  por ley no se les atribuye, lo que afecta la función específica del representante del Ministerio Publico Fiscal ( art. 314 del CPP), y agraviado concretamente la objetividad que deben poseer en todo proceso" se afirma en el escrito del incidente de nulidad presentado esta semana.

Por otro lado, también se pidió que los fiscales intervinientes se aparten de la causa.

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Mientras esta situación se dirime en la Justicia, Salgado está en libertad al haberse apelado la sentencia que lo condenó a 5 años, como ocurre con el resto de los ex funcionarios involucrados.

Fue a través de un fallo de la Suprema Corte de Justicia que el ex funcionario peronista logró que su prisión preventiva fuera revocada desestimando la existencia de una asociación ilícita para cometer los actos fraudulentos, los que dio por probados.

Además se solicitó en ese momento el pago de una caución por un millón de pesos.

El fiscal que investiga la corrupción quedaría firme en su cargo

El próximo 30 de abril el Senado votará en una sesión secreta el pliego del fiscal de Delitos Económicos Sebastián Capizzi, quien aspira a quedar titular en la jefatura de esta unidad especializada.

Su pliego ingresó la semana pasada y según explicó el senador Diego Costarelli, ahora se está en la instancia de las adhesiones y las impugnaciones para luego realizar la audiencia pública.

La anterior condena

En junio del año pasado, Segunda Cámara del Crimen en San Martín sentenció a 5 años de prisión para Salgado; en tanto para Franco Ojeda –ex titular de Hacienda- recibió una condena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública por ser partícipe necesario en el delito de fraude a la administración pública en modalidad de administración infiel en grado de tentativa.

Mientras que el concejal Marcial Ibarra fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública por el delito de concusión.

En tanto, Flavio Araya -ex responsable de Acción Social- recibió una sentencia de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública por el delito de concusión.

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