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29 de junio de 2020
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Opinión

El estudio de impacto ambiental y el antecedente de Macri con las obras del Sur

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Dos nuevos objetivos tiene por delante el gobierno de Rodolfo Suarez en la reconfiguración de la estrategia de la lucha que lleva adelante para salvar Portezuelo del Viento tras el esperado golpe en el mentón que –se sabía– recibiría en la reunión del Coirco de la semana pasada. El primero apunta a seguir adelante con el proceso de  licitación como si nada hubiese pasado; esto es que se ha confirmado la apertura del primer sobre del concurso, acto previsto para el viernes que viene a media  mañana. “En medio de todo esto ojalá que se presente al menos una empresa interesada”, dicen en voz muy baja cerca del gobernador después del intento exitoso de  los pampeanos por dinamitar todo lo que tenga humor a obras para aprovechar el potencial de cualquiera de los ríos del sur mendocino.

El segundo, no menos importante que el primero, va a buscar desmontar la jugada pampeana para que el nuevo estudio de impacto ambiental que se ha pedido –y se  ha aprobado con el voto de Río Negro, Buenos Aires, Neuquén y, por supuesto, por La Pampa– se haga bajo los considerandos de la Ley nacional 23.879 de obras  hidráulicas, la que ordena un proceso no sólo engorroso y burocrático desde lo administrativo, sino que, además, para su aprobación final demanda largo aliento y  mucha negociación de tono político, más que técnico, en su avance. Luego de la reunión del Coirco, Suarez cree en su inti-
midad que, si se llega a aplicar esa ley, como pretenden los pampeanos, ahora con el aval de sus aliados políticos, en verdad lo que se logrará es que la construcción de Portezuelo se pueda dilatar en el tiempo mucho más de lo que cualquier pesimista pueda llegar a esperar.

El proceso de licitación, en definitiva, seguirá adelante y se verá el viernes si lo que ha ocurrido ha hecho mella en las expectativas de los conglomerados interesados, teniendo en cuenta que para participar hay que comprar previamente un pliego que tiene un costo de 100 mil dólares. En la Gobernación están convencidos de que sólo  un planteo judicial puede frenar la obra.

Sobre el estudio de impacto ambiental, las noticias para Mendoza siguen siendo igual de malas que antes de la reunión del Coirco, en la que se goleó a Mendoza  sistemáticamente por 4 a 1 en cada una de las propuestas que fue haciendo. Fue así que para cada golpe que fue recibiendo, Suarez activó el laudo arbitral. Pero, en quince días, cuando el comité de cuenca se vuelva a encontrar, dicen, para hallar una “salida amistosa” antes del laudo, el mendocino irá con el reclamo de que sea la Nación la que se haga cargo del nuevo estudio de impacto ambiental bajo el mismo sistema que se aplicara con el informe que los pampeanos han logrado voltear. Esto es, sin la aplicación de la temida 23.879.

Pero, los antecedentes le jugarán en contra, otra vez, a Mendoza. Veamos por qué. El gobernador pampeano, Sergio Ziliotto, antes de acudir al encuentro en Buenos  Aires de la semana pasada, adelantó en su provincia que iría detrás de un nuevo estudio de impacto ambiental, además de no creer en las ofertas mendocinas. Cuando  argumentó y amplió la postura, festejada en la provincia vecina con caravanas y vítores en las calles, recordó un viejo entripado del kirchnerismo con la administración  de Mauricio Macri por las obras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz, en el Sur: las famosas Cepernic y Néstor Kirchner. El gobierno de Macri le dio luz verde a los reclamos ambientales que había provocado el inminente inicio de los trabajos sobre fines del 2015. Y ordenó nuevos estudios bajo la ley que hoy quiere evitar Suarez. Todo terminó en la Corte de Justicia de la Nación.

El 22 de junio del 2017, luego de más de un año y medio, llegaba al Congreso ese estudio para que el parlamento lo tratara. Lo había enviado la jefatura de Gabinete, a  cargo de Marcos Peña. “Este nuevo estudio se enmarca en el proceso de evaluación de impacto ambiental previsto en la ley nacional de obras hidráulicas 23.879, tal  como fue dictaminado por la Corte Suprema de la Nación con fecha 21 de diciembre del 2016”, rezaba el informe de prensa que se difundió aquel día. Y agregaba que el  estudio se había realizado “sobre la base de todos los impactos identificados y evaluados” con el propósito de “elaborar el Plan de Gestión Ambiental que permita  garantizar que los impactos negativos sean evitados, minimizados o compensados, y que los positivos sean maximizados”. 

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