A partir de la vuelta a la democracia en reiteradas oportunidades, los funcionarios nacionales, provinciales y municipales han sido y son atacados por la Iglesia, a través de sus integrantes, olvidándose de la instrumentación del Plan Cóndor concretado por los militares en América latina –1976 a 1983– con la escuela de las Américas y el cura Tórtolo, asesor y confesor de Jorge Rafael Videla, Massera, Agosti y sus subordinados, en violación a la Constitución nacional, con 30.000 desaparecidos y muchísimos exiliados. Le ocurrió al paladín de la democracia, Raúl Alfonsín, quien tuvo que subirse al púlpito para defenderse de sus infundadas acusaciones.
    En otras épocas –de 1983 al 2003–, en que la Nación sufrió el peor desastre institucional con el saqueo, desguace y ventas a precio vil de las empresas del Estado, llegándose al más cruento golpe de eliminar todo vestigio de la industria nacional con mano de obra argentina y valor agregado e introducción masiva de la droga, no apareció la Iglesia para efectuar las críticas pertinentes. Menem, el cipayo, en el año 2005, dijo: “Yo reivindico a la Iglesia y a las Fuerzas Armadas”.
    ¿Por qué? En aquella época fueron asesinados el padre Mujica, el obispo Angeleli, las monjas y los curas de Parque Patricios. Cuando rige la Constitución nacional, el Estado es gobernado por los representantes elegidos por el pueblo. Cuando se viola, el pueblo pierde todos sus derechos y queda sometido a dictaduras “asesoradas” por la Iglesia. Es hora de dejar paso a la ciencia para los casos de educación sexual, abortos, eutanasia y demás causas humanitarias que la sociedad de diferentes religiones considera lo más apropiado para la salud corporal y mental del ser humano.