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4 de noviembre de 2009
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NEGOCIACIONES POR EL GOLPE DE ESTADO

El Congreso aún no trata el tema Zelaya

Ayer arribó la comisión de la OEA, que integra José Octavio Bordón.

    La junta directiva del Congreso de Honduras decidió ayer solicitar a la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia su opinión sobre la eventual restitución del presidente depuesto, Manuel Zelaya, pero sigue sin convocar al pleno del Legislativo. “La junta directiva del Congreso Nacional decidió que la Procuraduría, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia brindaran su opinión con carácter urgente, pero sin dar un plazo”, explicó el presidente alterno del Congreso, Erick Rodríguez, favorable al regreso de Zelaya. El órgano directivo del Parlamento se reunió ayer, cuatro días después de haber recibido de las comisiones del mandatario derrocado y del presidente de facto,   Roberto Micheletti, el Acuerdo Tegucigalpa-San José, para que resuelva sobre el regreso de Zelaya al poder.
    Tras más de dos horas de reunión y en medio de un gran secretismo, con impedimento incluido para que la prensa extranjera accediera a la sede del Legislativo, los seguidores de Zelaya en la junta informaron sobre la resolución adoptada. Rodríguez y las vocales Argentina Valle y Carolina Echeverría, disidentes del Partido Liberal al que pertenecen tanto Zelaya como Micheletti, así como el grupo parlamentario del par- INTERNACIONALES tido minoritario de izquierda Unificación Democrática consideraron esta decisión como una “maniobra dilatoria” de las autoridades golpistas. Los tres liberales en la junta directiva explicaron que sus compañeros no aceptaron su argumento de que no procedía consultar a la Corte Suprema y que se debía convocar inmediatamente al pleno.
    Agregaron que también fue rechazada una solicitud para imponer un término de uno o dos días para recibir una respuesta de ese órgano. “Cuando no se señala término de 24 o 48 horas para tener una respuesta, es una maniobra dilatoria”, afirmó Rodríguez. Zelaya considera que, según el Acuerdo de Tegucigalpa-San José al que llegó la semana pasada con Micheletti, el Congreso debe decidir sobre su restitución antes del jueves, cuando tiene que estar conformado un Gobierno de Unidad, aunque el de facto asegura que no existe ningún plazo para el Legislativo. Mientras los miembros de la junta directiva discutían, unos 400 seguidores de Zelaya estaban concentrados frente a la sede del Parlamento para exigir la restauración.
    Por otro lado, la secretaria del Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, y el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, arribaron ayer a Honduras para formar parte de la Comisión de Verificación que deberá supervisar el cumplimiento del Acuerdo San José-Tegucigalpa, para resolver la crisis política del país. La Comisión de Verificación tendrá como trabajo supervisar la conformación del gobierno de unidad y reconciliación y en ella participarán los hondureños Arturo Corrales y Jorge Arturo Reina, como representantes de los dos sectores en pugna. Los dos llegaron en vuelos separados: la alta funcionaria norteamericana en un avión oficial, mientras que Lagos lo hizo en una línea aérea comercial. Solís y Lagos fueron nominados por la Organización de Estados Americanos (OEA) para integrar la comisión, mientras que Corrales representará al gobernante de facto Roberto Micheletti y Reina lo hace por el derrocado mandatario Manuel Zelaya.
    Además, la OEA designó a Enrique Correa y José Octavio Bordón como parte del equipo de la Comisión de Verificación. La comisión se instalará oficialmente en horario vespertino de Honduras y deberá encargarse de verificar el cumplimiento del acuerdo político que firmaron delegados de ambas partes el viernes. El acuerdo fue impulsado por el subsecretario de Estado norteamericano para asuntos latinoamericanos, Thomas Shannon, y otros dos enviados de Washington. El pacto busca solucionar la crisis política desatada en Honduras tras el derrocamiento de Zelaya, ocurrido el 28 de junio, cuando comandos militares lo arrestaron por órdenes de la Corte Suprema de Justicia y luego lo expulsaron a Costa Rica.
    Según el acuerdo, la Comisión de Verificación deberá supervisar la instalación del gobierno de unidad y reconciliación, el cual estará en funciones a más tardar mañana. La restitución de Zelaya al poder, tema clave de la crisis, tendrá que ser decidida por el Congreso Nacional.

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