La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa ubicó al Congreso argentino como uno de los “menos abiertos” y “menos transparentes” de la región, tras evaluar la transparencia de los parlamentos de cinco naciones del subcontinente.

El estudio señaló como negativos la falta de acceso a la información pública, de transparencia del presupuesto del Congreso y los legisladores no están obligados a tener vínculos con los ciudadanos.

El análisis parlamentario comprende la situación de los poderes legislativos de la Argentina, Chile, Colombia, México y Perú y en caso argentino fue realizado por las ONG Fundación Directorio Legislativo, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y Poder Ciudadano.

Las comparaciones señalan que “la falta de una ley que regule el acceso a la información pública en el ámbito del Poder Legislativo da lugar a una “arbitraria disparidad de criterios” para facilitar la información cuando es requerida”.

Destaca además que “tampoco existe una ley que regule el “lobbying” o cabildeo, hecho que incentiva la generación de intereses extraparlamentarios”.

En materia de presupuesto y gestión administrativa, el Congreso argentino obtuvo 18 puntos sobre un total de 59, lejos de México (40), Perú (38), Chile (35) y Colombia (25).

Señala que en el Congreso argentino “es difícil acceder a información relacionada con el personal del Congreso” y “no se tiene certeza sobre la cantidad de gente que allí trabaja ni sobre el tipo de contratación”.

También es baja la calificación argentina en materia de trasparencias para los medios de vinculación y participación de la ciudadanía, un rubro en que la Argentina obtuvo 9 puntos sobre 33, muy por detrás de México (23,5), Chile (22,5), Perú (16,5) y Colombia (15,5).

En este punto, Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, afirmó que “es fundamental que los poderes legislativos garanticen que los ciudadanos accedan a su información. La ausencia de una normativa nacional de acceso a la información pública obstaculiza fuertemente el control ciudadano de nuestros Congresos y demás instituciones públicas”.