Resolver los problemas que ha traído en su aplicación la actual Ley de Alquileres debe ser una prioridad en el Congreso, pero la discusión y las posturas antagónicas demoraron más tiempo del que se había previsto en una reforma que, para muchas familias, es urgente, ya sea porque los precios se fueron a las nubes o porque el mercado se ha estrechado tanto que cuesta encontrar propiedades para alquilar. El debate se inició con el apuro de tener una reforma en 30 días –y eso fue en abril–; pero, en un país donde se traza una línea para lo blanco y lo negro, se fue estirando tanto como la inflación.
Por supuesto, en este marco, no hubo consenso entre oficialismo y oposición. La posibilidad de que salga una norma que enmiende a la anterior, abrazada por una mayoría que aglutine a las principales fuerzas, se derrumbó prontamente.
Y acá hace falta una reforma que empatice con los ciudadanos que tienen que afrontar el pago de un canon mensual para tener casa. Esa, al menos, es una de las patas del problema. También debe ser equilibrada con los propietarios y, a la vez, que otorgue cierta flexibilidad respecto de las variables que presionan la economía nacional, como la inflación.
La discusión política debería otorgar una pausa a la confrontación y la chicana y buscar una alternativa para lo que ya falló. Y, si no fuera mucho pedir, que garantice alguna pizca de certidumbre tanto para los locatarios como para los locadores.