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27 de julio de 2021
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Editorial

Un escándalo institucional

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Incluso anteponiendo el principio de inocencia y entendiendo que el juez federal Walter Bento no ha sido condenado por ningún delito, su procesamiento no deja de ser un escándalo institucional. No por el hecho en sí, sino por su permanencia en el cargo.

Tiene que ver, más que nada, con el decoro que se espera de los magistrados de la Nación. Pelear por demostrar su honradez y su integridad, pero hacerlo sin afectar la credibilidad del sistema judicial. Cada actuación suya está, inevitablemente, atravesada por un halo de sospecha. Que encima sea el juez que tiene competencia electoral y que su misión sea garantizar la transparencia de los comicios configura una postal con poco pudor.

Los principales frentes políticos de la provincia tuvieron contactos para evaluar la posibilidad de pedir su apartamiento. Por algún motivo no prosperó. Pero está claro que hay ruido en el ambiente.

En ese contexto, quizá las dilaciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación expliquen lo que está ocurriendo en Mendoza. El órgano que debe controlar a los jueces parece no haber dimensionado lo que ocurre en la provincia. O, si se hizo, demostró poco interés en el esclarecimiento.

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