Hay una sensación en la calle que se interpreta como un cierto malestar, una queja que apunta al surtido de exigencias que vienen desde arriba. Puede aplicarse a más de un aspecto: el tributario, por ejemplo, porque la presión fiscal en gran medida no contribuye a la creación de empresas, porque sobre las espaldas de un pequeño o mediano empresario ya se ajusta el peso de todo lo que hay que pagar en materia de impuestos y cargas diversas. O, visto de otro modo, la exigencia de pasar por un control vehicular obligatorio cuando la infraestructura vial de la provincia está colapsada. Visto así, pareciera que los que deben cumplir con esas obligaciones no tuvieran que ser retribuidos en su justa medida por lo que terminan poniendo.
Hay miles de ejemplos que atraviesan esta provincia. A menudo, cientos de mendocinos tienen que trasladarse desde el Este o el Valle de Uco al Gran Mendoza y el transporte público colapsa. Sin un asiento disponible para viajar de manera segura, suelen hacerlo parados o sentados en el piso. Y, por supuesto, aglomerados en el peor escenario de la pandemia. No es un tema que se pueda simplificar porque, en gran medida, también el sector empresario está acotado en decisiones que, llegado un punto, complican el funcionamiento de sus servicios, con tarifas atrasadas o costos en dólares.
La cuestión es que, finalmente, todo queda en este malestar, sin chances concretas de una mejora para los que ofrecen el servicio y los que pagan por tenerlo. Sin organismos de control que tengan el suficiente peso para defender a ciudadanos, lo que queda son reparos, curitas. Es un momento en el cual todos hacen un gran esfuerzo por mantenerse a flote, donde la vara económica de la pobreza está bastante alta. Y nadie regala nada.