Parche tras parche, enmienda tras enmienda. El debate por la reforma en el funcionamiento de la Corte de Justicia también ha mostrado otro costado.
La imposibilidad de acuerdos para provocar un cambio en alguna de las instituciones sobre las que se apoya la república también evidencia el fracaso de haber tratado una modificación global en la Constitución centenaria de esta provincia. Son las fisuras de la institucionalidad mendocina que, al no poder consensuar un mínimo y un máximo de reformas para la vida moderna y sus complicaciones, fue con los años emparchando. Enmendando acá y allá, pero sin que nada estructural y profundo cambie.
Dos fuerzas han presentado en los últimos días alguna salida a esta pulseada por la Justicia. Y, en ambos casos, lo que proponen es la reforma parcial de la Carta Magna. No son cambios menores, sino que hacen al funcionamiento de la maquinaria institucional por la que en muchas ocasiones se ha destacado a la provincia, a diferencia de los feudos que pueden hallarse en otros lugares. Lo que se está cuestionado en el fondo es la partidización de aquellos cargos vitalicios, de control, de contrapeso del poder y que son ocupados por ex funcionarios identificados claramente con algún partido mayoritario. Así se llega a esta puja por el poder cada vez que hay que poner bajo la lupa una acción de gobierno.
En el fondo, entonces, queda esta imposibilidad de haber tratado en varios momentos una modificación de nuestra carta orgánica fundacional. Es una debilidad política que hoy se refleja en una vulnerabilidad institucional.