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21 de junio de 2021
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Editorial

Leyes que parecen ir a contramano de la sociedad

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Una particularidad que suele darse tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura provincial tiene que ver con la poca o nula evidencia empírica de quienes deben darles forma a las nuevas leyes. Se basan en datos que, en la mayoría de las ocasiones, no muestran correlato con la realidad o, peor, son directamente inversos a la vida cotidiana.

Con la Ley de Alquileres pasó algo de eso. Cuando empezó a tratarse el proyecto, todos advirtieron que no había manera de que mejorara la situación del sector, al menos tal como estaba redactado. Lejos de eso, se mostraron fundamentos de sobra para dejar en claro los problemas que iban a ocasionarse y que, en lugar de simplificar la relación entre inquilinos y propietarios, se iba a complejizar. Nada de esto se escuchó y se siguió ciegamente hacia delante.

El mercado se encargó de confirmar lo que había vaticinado. Ahora, el objetivo es ver cómo se arreglan los errores no forzados o si se profundiza una crisis que pone en posiciones incómodas a las dos partes involucradas en este tipo de operaciones.

Más que a la cuestión inmobiliaria en sí, el caso sirve como ejemplo de lo que ocurre cuando quienes deben legislar viven en una dimensión y en un contexto diferente de la sociedad que, en teoría, deberían representar. Basta prestar atención a las intervenciones durante el tratamiento de leyes clave para darse cuenta de que la rosca política y las presiones de algunos sectores se imponen por sobre la idea de bienestar general.

La duda es saber qué pasa cuando aquellos que deben trabajar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos hacen lo contrario.

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