El ejercicio de la democracia requiere contar con información. El ejercicio de la administración del Estado debe, a su vez, ser transparente con los actos de gobierno.
Ambas situaciones forman parte de un equilibrio que refleja la salud de las instituciones. Cuánto más conozca un ciudadano, cuánto se gasta, cómo se invierte, en qué ritmo se produce esta erogación, más sabrá entonces si la maquinaria fabulosa de impuestos está dando resultados y si lo que pone va a parar a educación, salud y seguridad o a las plazas, los hospitales, las aulas y las patrullas que pasan por su barrio.
La ejecución del presupuesto de una repartición pública tiene que ser transparente. Para esto, la ley permite que un ciudadano solicite a las autoridades información pública y esta debe ser precisa.
Está ejerciendo su derecho de saber cómo funciona el Estado. Por otro lado, el funcionario a cargo del área tiene la obligación de responderle en tiempo y forma. Sin embargo, entre la letra y la aplicación hay trampas, vicios, mañas y lo que debería ser claro es engorroso o se desvía, se mira para el costado sin terminar de cumplir con lo que corresponde. Es lo que sucede con la ejecución presupuestaria en un área complicada, como el mantenimiento de las escuelas.
El funcionario no puede desentenderse de esta tarea porque tiene que ver con la ética pública. Si no responde, si se hace el distraído o si demora, entonces está faltando a la Constitución y a quien le debe, que es el ciudadano.