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12 de abril de 2021
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Editorial

La inseguridad y sus consecuencias

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El país atraviesa una crisis social que se ha profundizado con la pandemia. Y hay fenómenos que se han recrudecido, como la inseguridad. El Estado, que hoy cumple con más obligaciones debido a la emergencia sanitaria, no puede dejar en el vacío dos responsabilidades que le competen, a través de dos poderes separados: por un lado, el control y castigo de aquellos que cometen delitos; por el otro, la investigación y juzgamiento de un hecho delictivo.

La aplicación correcta, medida y oportuna de la ley es lo que nos separa de una selva, de un todo vale.

La bronca e indignación que provocan un robo es un reclamo instalado desde hace años. A la par, se ha ido incrementando la sensación de desprotección por parte de las víctimas y una degradación tanto de las redes de contención social como de las punitivas.

Además, en el último tiempo se han vuelto a experimentar situaciones que generaron un convulsionado debate sobre la Justicia, sus tiempos y condenas: aquellos ciudadanos que, al ser asaltados, deciden perseguir a sus victimarios a tal punto que les causan la muerte. Se cruza una línea imposible de volver atrás.

Una persona que no está preparada para reprimir el delito, ni las consecuencias de ese acto, termina agravando su condición, que está lejos de ser en defensa propia. No es una situación que puede quedar en la simple discusión de mano dura o garantismo. Claramente refleja la impotencia y la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la delincuencia.

Ahí la autoridad debe plantarse de manera firme porque el efecto que genera puede elevar el nivel de conflictividad, que ya de por sí es muy alto. Así como no puede permitirse el delito en ninguna de sus formas, tampoco puede librarse el aval para una justicia por mano propia.

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