La forma en la que, finalmente, se resolvió la denuncia contra Alberto Fernández por violar la cuarentena que él mismo había decretado tiene
un efecto simbólico respecto de todos aquellos que fueron judicializados por la misma violación a la norma. Y tiene que ver con que, mientras que el presidente pudo llegar a un arreglo con un resarcimiento económico, no tuvieron la misma suerte los miles de imputados en todo el territorio nacional.
Las penalidades que exigió la cuarentena entraron en revisión, aún más de lo que ya eran cuestionadas desde algunos sectores porque afectaban las libertades civiles. Porque lo que es vulnerado, entonces, es el principio de igualdad ante la ley, situación que quedó expuesta ante el acuerdo al que llegó el mandatario nacional. Tal vez, esta sea una solución tardía, puesto que la medida podría haber sido aplicada por aquellos días.
Ahora, la interrogante es saber qué pasará con aquellos que fueron condenados, si podrán estar equiparados a esta resolución.
Por supuesto, también tuvo una consecuencia política: Fernández vació de contenido una norma porque ni siquiera él, como firmante, predicó con el ejemplo, aunque realizó duras advertencias a todo aquel que se atreviera a transgredirla. Y, claro está, esto tuvo un impacto de lleno sobre la palabra empeñada desde la magistratura política más importante del país.
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