Durante varios años, el país careció de estadísticas confiables para saber dónde estábamos parados. No conocíamos si el dato de inflación era el correcto y hasta dejaron de publicar los índices sobre pobreza con la excusa de que era estigmatizante. Sin embargo, la capacidad de un gobierno para producir información sobre la calidad y condiciones de vida de los habitantes de un país no es una cuestión menor, puesto que ayuda a descifrar sus principales problemas de empleo, precios, educación y atención sanitaria, entre tantos otros. Aunque no se mida, como aquellos países que quisieron negar la pandemia de coronavirus al no testear a su población, el problema estará ahí, dando una cachetada en el rostro.
Aunque la Provincia corrigió a partir de sus propios estudios las cifras que marcan cuántos mendocinos hay bajo la vara dolorosa de la pobreza y la indigencia, en concreto, no deja de ser una situación preocupante, puesto que siguen siendo altas. En otras palabras, hoy la cuestión no pasaría por ocultar una realidad que es tangible en la calle. El problema es, precisamente, la cantidad de individuos o familias en esas condiciones de vulnerabilidad que apenas pueden satisfacer a diario sus necesidades, que viven con lo mínimo, que no pueden proyectar más que su sombra.
Hay que generar políticas para el que hace changas, para el que apenas cuenta con menos de $10.000 al mes para vivir o para quien no tiene los servicios básicos indispensables cuando va al baño o quiere prender la luz sin estar colgado. Las cifras son estas y hay que hacerse cargo.