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12 de septiembre de 2022
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Editorial

Cuidado con sancionar la crítica

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Por estos días, el país vive en distintos ámbitos de discusión, algunos institucionales como el Congreso, otros informales como el café, pero también las redes sociales, el debate por los mensajes de odio y la posibilidad de que este tipo de contenidos sean regulados de alguna manera. La discusión ha generado más de un título, chicanas y cuestionamientos, puesto que los modelos que surgen no son los mejores, como el que se aplica en Venezuela. 

Es que el debate genera más de una interrogante válida. Qué es un mensaje de odio, quién decidirá que tal contenido expresa esa idea hacia una persona y quien aplicará los castigos correspondientes. En una Argentina que se polarizó aún más a partir del ataque a Cristina, al menos estas dudas son pertinentes. Por más de una razón: en principio, la arbitrariedad de un gobierno para definir esto, luego que toda crítica pertinente puede llegar a ser entendida como tal -salvando las opiniones donde no hay ambigüedad y alguien dice que hay que matar a otra, claro esta-. Y no es menos, la creación de un ente oficial que dirima estos asuntos, lo que llevaría a más burocracia. El ejemplo más palpable es el Inadi, que sólo reacciona más que nada cuando una figura del Gobierno es la cuestionada, es decir, no se propone como institución estar por arriba de las diferencias partidarias. 

Está claro que este tipo de propuestas chocan contra la libertad de expresión. La experiencia indica que cualquier expresión fuera de lugar ya se ha condenado, sobre todo, en estos tiempos de redes sociales. 

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