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17 de mayo de 2022
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Editorial

Con la salud pública no se puede jugar ni negociar

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En muchas ocasiones, hay sectores que buscan imprimir a la dinámica de la administración pública sus propios intereses. La cuestión es que los reclamos pueden afectar las prestaciones de servicios básicos, cuando no comprometen las cuentas públicas. Es lo que está pasando en el conflicto con los anestesistas mendocinos. El nudo del problema ha hecho que se posterguen las cirugías programadas, lo que impacta en miles de pacientes.

El Estado tiene un rol particular. No sólo tiene que cumplir con la atención de las personas, también otorga la posibilidad de una formación y capacitación para los especialistas a partir de las horas que cumplen en los centros asistenciales. Es un plusvalor que no es gratuito, sino rentado y con los recursos que aportan los mendocinos.

Imponerse por arriba de esta función esencial trae desequilibrios, incluso en el funcionamiento del sistema ante otros profesionales. Además, demuestra que es un problema que se arrastra desde hace años y, cada tanto, el conflicto vuelve a saltar y la dirigencia política se queda sin respuestas hasta tener que aplicar una ley de emergencia. Hay una cuestión esencial, y es que con la salud pública no se puede jugar ni negociar. De los médicos, de las distintas especialidades técnicas, de los enfermeros, de las autoridades que tienen que administrar racionalmente los recursos, dependen pacientes cuyos estados pueden ser más o menos graves, y sus condiciones no pueden quedar atadas a un conflicto salarial. Más allá de la legitimidad de algunos reclamos, es la gente la que termina como rehén.

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