En algún punto, la clase dirigente va a tener que ponerse a discutir la cuestión social de los planes que se otorgan a muchas personas. Por más de una razón valedera.
Ya sea porque esta asistencia se ha ido extendiendo con el tiempo y hasta ha ido cobrando más volumen físico sin que se haya generado una alternativa que permita a sus beneficiarios ingresar al mercado de trabajo privado o desarrollar su propio negocio; ya sea, también, porque, con el paso del tiempo, las organizaciones que se nuclean en torno a estos mecanismos de ayuda estatal terminan profundizando el clientelismo político.
Luego de que El Sol publicara días atrás que una agrupación peronista les cobraba un porcentaje de plata a beneficiarios que militan en una de estas agrupaciones políticas, bajo la amenaza de que si no ceden se les quita, nada ha cambiado. O sí: las mañas para que no quede registro de esa intermediación y no haya pruebas de semejante irregularidad. Vuelve a evidenciarse que no hay un control en el Estado que evite y corrija estas situaciones.
Por el contrario, lo que se refuerza a partir de los hechos que salieron a la luz es un dispositivo burocrático donde prima hacerse el desentendido y permitir que la situación continúe. Nadie ha tomado cartas en el asunto al respecto y el porcentaje se sigue pagando para no quedar fuera. Es eso o la nada.
Hay algo que la dirigencia de todos los partidos debería atender y es el cansancio sobre cómo se han hecho las cosas desde hace muchos años en el Estado: con prebendas y arbitrariedades de todo tipo. La crisis no sólo ha provocado más pobres, sino también más ciudadanos que denuncian estas trampas porque agravan su propia vulnerabilidad.
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