Las crisis que suelen ser cíclicas tienden a revelar el mal funcionamiento de algunos servicios públicos. En el caso del mercado eléctrico, suceden los apagones, principalmente en temporada de verano, cuando el sistema se exige al máximo y no está preparado para los picos de demanda. Es lo que ocurrió ayer en la principal área metropolitana del país, donde más de 700.000 usuarios quedaron sin servicio y las pérdidas económicas para los comercios pueden complicar la deteriorada marcha de la economía para las pymes. Es una paradoja, puesto que se trata de la zona que más subsidios recibe para solventar su funcionamiento.
Fruto de la emergencia sanitaria, por un lado, pero también de la pelea contra la inflación, el Gobierno nacional apeló a la herramienta del congelamiento de las tarifas. El problema con esa solución es que es un parche, puesto que, luego, las distribuidoras aducen que están atrasadas con los valores y no pueden avanzar con las obras que mejoran el servicio. Un cuento de nunca acabar.
Los servicios públicos deben actualizarse con racionalidad, de modo que los clientes puedan pagar sin tener que endeudarse y la industria pueda reactivarse. Un sistema tarifario justo tanto para los que consumen como para los que distribuyen. Pero, de igual manera, con equilibrio y sin clientelismo en el otorgamiento de las ayudas del Estado para provincias que aportan al circuito y otras que tienen una fuerte demanda