El grupo anglo-malayo Walbrook, dueño del complejo Las Leñas y los propietario de las tierras donde fueron encontrados los 34 cóndores muertos y calcinados, hicieron su descargo e indicaron que “no existe responsabilidad” por el desastre ambiental al manifestar que esas extensiones de tierra están en alquiler.
La respuesta fue presentada en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, luego de que el organismo lo notificara de la infracción a la Ley de Fauna, que se había registrado en sus campos. Por el exterminio de esta especie protegida en Mendoza hay dos personas que están imputadas y con prisión preventiva.
En la pieza administrativa- perteneciente al expediente EX-2018-00108038- -GDEMZA-DRNR#SAYOT- los dueños Las Leñas aclaran que los terrenos pertenecen a otra empresa asociada, Valles Mendocinos Sociedad Anónima, “mediante sendos contratos de alquiler cedió el arrendamiento en uso y goce de las fracciones denominadas “Valles de los Molles-Vega Panchina (Sr. Víctor Baigorria) e “Invernada Los Arroyos” (Sr. Ramón Rojas), respectivamente y en ejercicio de los derechos que emergen de los contratos”.
En este punto, hacen mención a los imputados Nibaldo Baigorria y Ramón Rojas, los puesteros que están vinculados al caso. Ambos están con prisión preventiva y domiciliaria. Entre los elementos que los incriminan, los animales que se utilizaron como cebo para atraer a los predadores llevaban la marca del ganado ovino de Rojas.
Además, se encontraron muestras en la propiedad de este último que serían compatibles con el agrotóxico que fue utilizado para exterminar a los cóndores.
En su exposición también, Valles Andinos Sociedad Anónima agrega que los crianceros están imputados por el hecho y que “se les habría incautado en sus respectivos puestos envases conteniendo carbofurán”.
“Es de destacar, que la actividad de mi representada resulta ajena a la utilización de estas sustancias, por lo que lejos está de encontrarse asociadas las actividades de mi representada con el uso de dichas sustancias”, argumenta el asesor letrado y agrega: “Al margen de haberse trasmitido el uso y goce de las heredades de los citados arrendatarios mediante los contratos que se encuentran vigentes, deviene absolutamente imposible a mi representada prever la adquisición y utilización de dicha sustancia por parte de los puesteros para el uso que fuere, menos aún monitorear las 24 horas las actividades de cada uno”.
Por último, se recalca: “En el entendimiento que no existe responsabilidad atribuible a mi representada y reiterando nuestra voluntad y compromiso de coadyuvar con las autoridades competentes en la defensa plena del ambiente, flora y fauna, es que quedamos a vuestra entera disposición para unificar y mancomunar esfuerzo para esclarecer estos hechos”.
Querellante particular
Mientras la fiscalía de Malargüe espera estudios para establecer si además de la muerte de los 34 cóndores hubo daño ambiental, el gobierno analiza en constituirse como querellante particular antes de emitir un dictamen administrativo y establecer sanciones.
Por la masacre de los 34 cóndores quedó al borde de la extinción esta especie que está declarada “Monumento Natural Provincial” (Ley 6.599/98) y protegido por la ley de conservación de la fauna.