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14 de febrero de 2007
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DELITOS FEDERALES

Dos farmacéuticas son juzgadas por vender medicamentos sin recetas

La Justicia federal está tratando de resolver un caso que pocas veces ha sucedido en Mendoza. Dos mujeres son juzgadas por vender medicamentos en cantidades no autorizadas y sin receta, a través de la farmacia Bandera de Los Andes de Guaymallén. Sucede que estos comercios son minoristas y, por tanto, no pueden otorgar insumos en abundancia, según quedó plasmado en los expedientes.

   La Justicia federal está tratando de resolver un caso que pocas veces ha sucedido en Mendoza. Dos mujeres son juzgadas por vender medicamentos en cantidades no autorizadas y sin receta, a través de la farmacia Bandera de Los Andes de Guaymallén. Sucede que estos comercios son minoristas y, por tanto, no pueden otorgar insumos en abundancia, según quedó plasmado en los expedientes.

   Las acusadas son la apoderada de la farmacia, Liliana Rosa Illuminati, de 54 años, y la directora técnica de esa droguería, Adriana Edith Caraccioli, de 46 años. El hecho comenzó a ser investigado en abril de 1998, cuando la Dirección de Farmacología del Ministerio de Desarrollo Social de Mendoza denunció, a través de la directora de esa dependencia de Gobierno, detectó que en una farmacia de La Consulta, en San Carlos, había serias irregularidades en la compra de medicamentos al comercio de Illuminati.

   Así las cosas, los pesquisas fueron atando cabos sueltos que iban encontrando en el camino, llegando a descubrir que este lugar de venta de medicamentos comercializaba sus productos en clínicas de otros departamentos de Mendoza, como ser el Instituto Médico SRL de Tunuyán. A esta entidad, Illuminati y Caraccioli habrían entregado sin receta aproximadamente 600 ampollas de Dextrodip (dextropropoxífeno+ dipirona) y otros remedios entre los meses de julio de 1997 y abril de 1998.

   El Tribunal Federal Oral Nº1 será el encargado el jueves de dictar sentencia por el delito que se les imputa a las mujeres, previsto en el artículo 8 de la Ley de Estupefacientes 23.737 y el artículo 5 inciso C. En caso de ser comprobadas estas presuntas irregularidades, podrán ser condenadas a reclusión o prisión de tres a quince años.

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