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22 de septiembre de 2009
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PRESIDENTE DEPUESTO

Dispersan a los seguidores de Zelaya y se agudiza la crisis en Honduras

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Militares rodearon la embajada de Brasil, donde se aloja el depuesto mandatario, y expulsaron a los manifestantes por violar el toque de queda dictado por el Gobierno de facto. Cierran los aeropuertos internacionales del país.

La sorpresiva llegada del derrocado presidente Manuel Zelaya a Honduras no fue un simple arribo, sino que volvió a sumir a Honduras en una profunda crisis que volvió a agitar el fantasma de violentas protestas callejeras y una pelea diplomática con Brasil.

Zelaya arribó ayer en secreto al país y se refugió en la embajada de Brasil para evitar que lo arrestaran, casi tres meses después de ser derrocado en un golpe de Estado. Allí, frente a la residencia diplomática, miles de simpatizantes del despuesto mandatario se congregaron para manifestarle su apoyo, desafiando el toque de queda dictado por el gobierno de facto de Roberto Micheletti.

Sin embargo, la tensión se acrecentó esta mañana, cuando un nutrido grupo de militares rodeó la embajada brasileña en Tegucigalpa, donde permanece el depuesto presidente, y obligaron a retirarse a los manifestantes que pasaron toda la noche frente al edificio.

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Por su parte, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, alertó sobre la situación en el país en cuestión. "Ambas partes tienen simpatizantes que necesitan ser contenidos y cuidadosos en sus acciones en los próximos días", dijo Clinton en Nueva York tras conversaciones con el presidente costarricense Oscar Arias, cuya mediación en Honduras hasta ahora ha fracasado. "Tiene que haber en las próximas horas algún esfuerzo para unir a las partes para que resuelvan esto entre ellos", explicó Clinton.

Zelaya fue expulsado del país el 28 de junio por soldados hacia Costa Rica cuando pretendía realizar una consulta popular que abriera el camino a la reelección presidencial, algo considerado por sus críticos como una muestra de la influencia en Honduras del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Tras su vuelta al país, Zelaya llamó anoche a la población a desafiar el toque de queda y marchar hacia Tegucigalpa. "Yo llamo a todos los pobladores que se vengan para Tegucigalpa porque estamos en la ofensiva final para la restitución de la presidencia", afirmó a una radio local desde la embajada brasileña.

El derrocamiento de Zelaya hundió a Honduras en su peor crisis política en décadas, y fue condenado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, la Unión Europea, y los gobiernos de Latinoamérica.

Sin embargo, el gobierno de facto se niega a la posibilidad de que Zelaya regresara al país, a menos que fuera arrestado para enfrentar cargos por corrupción y tratar de cambiar la constitución. "Insisto en que los tribunales están esperando por lo que puede presentarse por si mismo allí y pagar por los delitos que cometió", dijo Roberto Micheletti.

El mandatario de facto aseguró que no renovará las conversaciones presididas por Arias que apuntaban a permitir el regreso de Zelaya al poder, y dejó en claro que el presidente costarricense ya "no tiene que hacer absolutamente nada en este conflicto".

Además del toque dictado anoche, el gobierno de Micheletti advirtió de que Brasil sería "directamente responsable por los actos violentos que pudieran tener lugar dentro o fuera" de la embajada.

Pedido de la UE. La Unión Europea urgió hoy al derrocado presidente de Honduras y al gobernante de facto de este país a "abstenerse de toda acción que pueda incrementar la tensión y la violencia". En un comunicado, la presidencia sueca de turno del bloque subrayó "la importancia de una solución negociada a la crisis actual de Honduras".

Por otra parte, el bloque expresó su "firme apoyo a la Organización de Estados Americanos (OEA) en sus esfuerzos para facilitar el diálogo y la restauración del orden constitucional en Honduras".

Envío a La Haya. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) anunció que pedirá a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya que investigue las "graves violaciones" a los derechos humanos que atribuye a los responsables del golpe de Estado en Honduras.

La FIDH, en conjunto con la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), presentarán ante la fiscalía de la CPI, que dirige el magistrado argentino Luis Moreno Ocampo, "numerosos testimonios que demuestran que de manera generalizada y sistemática, las máximas autoridades de facto del Estado hondureño habrían cometido graves violaciones a los derechos humanos".

Arrestos arbitrarios, persecución sistemática a la prensa independiente, ejecuciones extrajudiciales, tratos inhumanos, degradantes, tortura física y psicológica, amenazas de muerte, expulsiones ilegales y persecución a diputados, alcaldes, jueces y fiscales opuestos al golpe de Estado, son algunas de las violaciones denunciadas.

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