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6 de julio de 2006
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PARA SALUD Y DESARROLLO

Diputados aprobó la polémica Ley de Contratos

Diputados avanzó en un proyecto por el que faculta al Ejecutivo para que el Ministerio de Salud tenga una doble modalidad de trabajo de algunos empleados. Esto es que, quienes tengan un contrato, también puedan facturar. Según se especificó, el pago se hará con la partida de locaciones de servicios y/o servicios personales

      Este mecanismo de trabajo es sólo para médicos, enfermeros y técnicos asistenciales matriculados que se requieran en los hospitales o en la Dirección de Niñez, Adolescencia, Ancianidad, Discapacidad y Familia (Dinaadyf). Por eso es que se considera a los ministerios de Salud y de Desarrollo Social. Gracias a esto se logró consensuar la ley que, de otra forma, no hubiese contado con los votos de los radicales seguidores de Roberto Iglesias y de los demócratas. Es que, por presión de este sector, en el proyecto se acotó esta modalidad de trabajo sólo a unos pocos, porque el Ejecutivo y los justicialistas pretendía que se ampliara a todas las áreas de los dos ministerios involucrados.


     En el caso de las contrataciones en forma directa, en el proyecto que pasó al Senado se especifica que se hará con los enfermeros y técnicos asistenciales sólo cuando sea indispensable su tarea. En esas oportunidades, se establecerá la disponibilidad horaria total o en las que el recurso humano sea escaso en determinadas especialidades. Para evitar el abuso de esta metodología de trabajo, se colocaron algunas cláusulas de control: las contrataciones deberán estar justificadas y se tendrá que detallar el objeto de la prestación y la identificación de la persona que obtenga el trabajo.


      Además, tendrá que quedar escrito por cuánto tiempo será la prestación, el monto que cobrará, la medición de su desempeño y dónde estará afectado. Pero esto no será todo, ya que las contrataciones tendrán que ser aprobadas por una resolución de cualquiera de los dos ministerios, los que tendrán la obligación de informar trimestralmente a la Legislatura sobre esta situación. Vila aparece como titular de una vivienda social que paga en cómodas cuotas de 68,69 pesos mensuales, usurpando el lugar de un real necesitado de bajos recursos.


    

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