Este miércoles y por unanimidad, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que autoriza el uso de cannabis medicinal que el Estado deberá entregar gratuitamente a los pacientes con ciertas patologías. En Mendoza, se estima que diez mil personas con epilepsia refractaria requieren de su uso, entre niños y adultos.
El dictamen votado por 221 legisladores establece un “período de transición” en el cual se deberá importar el aceite cannábico hasta que el país se encuentre en condiciones de producirlo. Aquí entra en juego la polémica causada por el autocultivo, que estaba contemplado en la propuesta original del Frente para la Victoria. Argumentan que si se debe importar, pueden pasar varios días de una persona sufriendo, algo que no sucedería con el autocultivo.
Mirada esperanzadora
Ante la noticia, muchos fueron los que celebraron la media sanción. Una de ellas fue Laura Tribiño, miembro de la Red de madres con hijos discapacitados, quien desde hace varios años espera esta posibilidad para brindarle a su hijo Franco, de 16 años, “una mejor calidad de vida”.
El joven padece epilepsia generalizada y su enfermedad avanza a pasos agigantados. “El año pasado mi hijo sufrió una convulsión y eso hizo que perdiera el habla y la movilidad. Retrocedió diez años, es decir, todo lo que trabajamos con sus terapeutas durante ese tiempo se echó a perder por esa convulsión”, dijo Tribiño a El Sol.
“Esto permitiría poder acceder a la medicina en forma gratuita, sin apelar a la clandestinidad. Este marco regulatorio nos dará tranquilidad ya que accederemos sin tener costos algunos”, refirió Laura.
“Necesitamos que la ley sea aprobada sin perjuicios y mezquindades partidarias. Necesitamos que los legisladores piensen en los chicos, en los pacientes con cáncer, en el dolor que padecen por la ausencia de la droga. Esto es calidad de vida, no tiene que ver con ningún negocio”, enfatizó Tribiño.
La mirada de los especialistas
Ante la posible habilitación del cannabis medicinal, Sergio Saracco, especialista en Toxicología, dijo: “Es altamente positivo por tres elementos básisos: uno de ellos es que lo mantiene bajo la esfera de la investigación científica, supervisada por un organismo como es el Ministerio de Salud de la Nación; otro de los puntos positivos es que al ser regulado le da seguridad del paciente porque hace que tenga acceso a preparados bajo sistemas de calidad que garanticen los mejores resultados. Finalmente, porque permitirá que todos los que requieran dicha medicina la tengan en forma gratuita”.
Según los datos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en el país hay al menos 85 casos que ya fueron autorizados a utilizar el aceite que se fabrica en Estados Unidos. El precio por cada 125 mililitros ronda 350 dólares. Se llama “Charlotte web oil” –o aceite de Charlotte–, en alusión a la primera niña que recibió el tratamiento en el país del norte.
El especialista solicitó su aplicación inmediata ya que eso permitirá que no se realice el autocultivo. “Tenemos que utilizar productos que tengan las mejores condiciones de preparación, que garanticen calidad, que estén libres de impurezas y esto provea al paciente un producto que minimice la cantidad de efectos secundarios que tiene”, explicó el médico.
Importancia de un Estado presente
“Esta media sanción es muy importante pero en caso de la reglamentación de la ley habría que aclarar varios puntos, sobre todo, en lo que respecta a la protección de las familias cultivadoras, establecido en el articulo 8 de la ley que precisamente plantea un registro para regular a todos aquellos que realizan dicha acción. Hasta el momento, el Estado estuvo penalizando o criminalizando pero no estuvo presente en reconocer el derecho de la salud. Quienes llevaron adelante esta acción fueron las madres y padres que realizaron sus propios cultivos”, aseguró Soledad Sosa, diputada nacional por el Partido Obrero y legisladora que avaló el proyecto.
La diputada además aseguró que si bien se ha dado un paso importante, no se ha logrado que el texto de la ley sea realmente claro para proteger a aquellos que cultivan con fines medicinales. “Ahora la lucha continúa para que se logre la ley en el Senado y ojalá se establezca su gratuidad por completo en los hospitales públicos. Hoy el Gobierno nacional plantea que sólo un tipo de aceite sea gratuito y no todos”, dijo.
Por su parte, el diputado nacional por la UCR Luis Petri, manifestó: “Esta discusión arrancó en el 2003, desde entonces se han presentado más de diez proyectos estableciendo en la gran mayoría de los casos modificaciones a la ley de estuperfacientes, a la 23.737. Todos estos proyectos tenían como finalidad impedir la aplicación de penas para aquellas personas que utilizaran con fines medicinales el cannabis. Y nunca se trataron”.
Petri, en su alocución, manifestó que no alcanza con un Estado que funcione como espectador. Mirando como los pacientes resuelven como pueden sus problemas, porque hablamos de salud pública, de cuidados paliativos, en muchos de los casos a partir de la utilización del cannabis para uso medicinal.
“Hay que involucrar al Estado porque no sólo no hay investigación que certifique respecto a los efectos positivos sino que al no haber Estado no hay control ni protección de los pacientes. Necesitamos un Estado protagonistas, hay que poner las cosas en su lugar”, expresó.