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6 de septiembre de 2006
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INFORME DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA NACIÓN

Dicen que sanear el Riachuelo tomará 15 años

Romina Picolotti aseguró que el Ejecutivo nacional tiene los fondos para invertir a corto plazo y dar solución inmediata a la contaminación de la cuenca hídrica.

    La secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, afirmó ayer que el Estado “está dispuesto a intervenir de manera inmediata” para solucionar el daño en la población que provoca la contaminación de la cuenca hídrica Matanza- Riachuelo, y estimó que el saneamiento tomará 15 años. En la audiencia celebrada ayer por orden de la Corte Suprema ante la demanda promovida por vecinos afectados por el daño ecológico y personal, la funcionaria, quien representó a los estados nacional, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, estimó en 15 años el plazo para el saneamiento de esa cuenca, con un presupuesto para el primer lustro de 5.672 millones de pesos.

    El abogado Jorge Mosset Iturraspe, apoderado de los demandantes y el primero en hacer uso de la palabra durante el encuentro, calificó de cloaca inmunda al Riachuelo y reclamó 500 millones de pesos en concepto de reparación por daños y perjuicios. Picolotti atribuyó al inadecuado tratamiento de los residuos, a la actividad de las empresas y también a la superposición de jurisdicciones y la ausencia de controles la contaminación que afecta, según datos que proporcionó, a siete millones de vecinos. Como una solución, los estados nacional, bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires, de manera conjunta –lo que la funcionaria mencionó como un hecho histórico– proyectan una ley que apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos afectados por la contaminación.

    Picolotti expuso ante la demanda promovida por vecinos de la cuenca hídrica contra los tres estados y 44 empresas ribereñas a las que consideran responsables por los daños y perjuicios. Antes, Mosset Iturraspe –quien empleó diez minutos para concretar su reclamo– había cuantificado la millonaria pretensión de los demandantes. “Las empresas deben pagar, porque liberarlas sería una injusticia”, dijo el letrado ante el tribunal presidido por Enrique Petracchi e integrado por los ministros Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti y Carmen Argibay. Mosset Iturraspe opinó que la Corte “debe sancionar a los culpables” de la contaminación, “para que el ciudadano recupere la fe en el derecho”.

    Luego, en una exposición que duró algo más de una hora y media, Picolotti abordó las cuestiones relacionadas con la superposición de jurisdicciones, el saneamiento de la cuenca hídrica, el aspecto social y la planificación de las tareas a realizar. La funcionaria expresó que el proyecto de ley que impulsan los tres estados prevé la creación de una autoridad de la cuenca que permitirá coordinar las acciones necesarias para el saneamiento.

    La iniciativa oficial comprende el funcionamiento de un órgano ejecutivo en el que estarán representadas las tres jurisdicciones (Nación, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal), un consejo municipal integrado por vecinos de las 14 comunas de la cuenca y una comisión de participación social compuesta por organismos no gubernamentales. Picolotti dijo que hay siete millones de personas afectadas por la contaminación y que, de ellas, dos millones están en situación de riesgo, de los cuales 60 por ciento –que son “los más pobres”, lamentó la funcionaria– carecen de cloacas y agua potable.

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