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2 de noviembre de 2006
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DELITOS ECONÓMICOS

DGE: ya son cinco las imputadas por fraude

A la hermana del senador radical Leopoldo Cairone se le sumaron más docentes por el cobro de sobresueldos. Una devolvería el dinero que percibió de más

    Las seis docentes sospechadas de realizar dudosas maniobras durante dos años para cobrar sobresueldos en la Dirección General de Escuelas (DGE) están cada vez más comprometidas en la causa judicial que se inició a fines de marzo. Es que, además de Cecilia Cairone, la ex funcionaria de la Oficina de Liquidaciones de la DGE –hermana del senador radical Leopoldo Cairone–, quien fue imputada hace unos días por cobrar de forma irregular 12.000 pesos, cuatro docentes más quedaron incriminadas directamente por fraude a la administración pública en forma reiterada.

    Mientras tanto, otra de las señaladas, Ana María González, respondió a través de un escrito, en el sumario administrativo que inició la DGE, y se comprometió a devolver los 1.877 pesos “mal liquidados” por tareas no realizadas, por lo que, hasta el momento, no ha sido acusada por la Justicia.

    El caso, instruido por el fiscal especial Daniel Carniello, fue denunciado ante la Unidad de Delitos Complejos por la misma cartera de Educación el 23 de marzo, porque, después de una minuciosa investigación interna, se detectó que varios docentes y celadores cobraron de forma indebida más de 55.000 pesos durante el período 2004-2006. Según pudo confirmar este diario, las nuevas imputaciones recayeron sobre las maestras Isabel Torres, Patricia Melchor y Sara Dall Gata y la celadora Rosa Neer, quienes habrían percibido, entre todas, más de 43.600 pesos.

DESCUBIERTAS. Cuando se detectaron las serias anomalías en el mecanismo de remuneraciones del grupo de docentes citado, la jefa de la DGE, Emma Cunietti, pidió que se investigue a fondo. Así fue que la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Asuntos Jurídicos inició un sumario administrativo y, a la vez, presentó la denuncia en sede judicial. Una de las primeras medidas fue solicitar a las maestras que devolviesen el dinero, pero estas se negaron, amparándose en que lo recibieron de forma correcta.

    Según las fuentes judiciales consultadas, estas personas, entre otras cosas, tenían un modus operandi fácil de detectar, ya que hacían figurar en sus bonos de sueldo que tenían horas cátedra en distintos departamentos de la provincia. Es decir, estas horas de más estarían repartidas en lugares con mucha distancia entre sí, como, por ejemplo, San Rafael y Capital.Así, los funcionarios y educadores que figuran en el expediente también estarían acusados por retención indebida de fondos públicos e incumplimiento en los deberes de funcionario.

    A pesar de que cinco docentes están ligadas a la causa, la hermana del senador Cairone es quien está más comprometida. Esto se debe a que fue imputada en los todos los expedientes y también fue separada, junto a otra persona, de su lugar de trabajo, el área de Liquidaciones (ver aparte).

INCORRECTO. Las nuevas imputadas –Torres, Melchor, Nerr y Dall Gata– habrían fraguado, junto con personal de la Oficina de Liquidaciones, sus sueldos durante dos años. La docente Torres, quien es titular de una escuela de Capital, está acusada de realizar siete transacciones de forma irregular entre diciembre del 2003 y el mismo mes del 2005, para acreditarse 8.284 pesos.

    Asimismo, Melchor –titular de un establecimiento educativo de Santa Rosa– también habría cobrado de manera indebida 11.604 pesos durante el período noviembre del 2005- febrero del 2006, tras realizar nueve movimientos extraños. Por su parte, a la celadora Neer, de la escuela 4-067, le acreditaron 3.777 pesos en su cuenta. La educadora que más transacciones ilegales habría perpetrado con la ayuda del personal de Liquidaciones es Sara Dall Gata, quien desde febrero del 2004 hasta enero del 2006 habría percibido 18.059 pesos de más en 22 acreditaciones.

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