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5 de diciembre de 2018
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DGE: tras rechazo a senadora, revocaron 4 nombramientos

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Tras la polémica que se dio la legisladora Mariana Caroglio, el gobierno escolar detectó otros traslados a escuelas ocurridos durante la anterior gestión justicialista que habrían sido irregulares por tratarse de funcionarios políticos.

La Dirección General de Escuelas decidió revocar el nombramiento de cuatro docentes por irregularidades en los concursos realizados durante la anterior gestión justicialista tras una investigación administrativa interna, ya que ocupaban cargos políticos en el gobierno escolar y en la OSEP. La decisión de la cartera dirigida por Jaime Correas se da tras la polémica suscitada con una senadora radical a la que se le rechazó el traslado a una escuela porque se encuentra ocupando precisamente un cargo electiva, situación prohibida por la legislación. 

En efecto, la investigación administrativa realizada por la DGE encontró que en cuatro traslados en el nivel primario hubo "un cúmulo de vicios o alguno que revelaran vicios groseros", de acuerdo a la resolución 3257 con fecha de 3 de diciembre de 2018. 

Se les quitarán los cargos

Los apuntados por la DGE son cuatro: Alicia Lena, Darío Yantén, Walter Berenguel y Adriana Abdo. En todos estos casos, la investigación señala que se encontraba en situación pasiva y que al momento de la autorización de traslados se encontraban en pleno ejercicio de funciones políticas y en ejercicio de reserva de sus cargos titulares, sin goce de haberes. En otras palabras, ocupaban cargos de la primera línea en la estructura pedagógica de la DGE. 

El efecto es concreto: la revocación implica "la inexistencia jurídica de un acto administrativo por los graves vicios que tienen porque está prohibido -por el estatuto-, porque tiene exceso de poder y favoritismo político", explicó Francisco Fernández, director de Asuntos Legales de la DGE. Así, al menos dos de los ex funcionarios apuntados tendrán que dejar el cargo y, aún más, si han obtenido ascensos tampoco serán válidos. 

Ex funcionarios de la gestión Pérez

Lena ocupó el cargo de subdirectora de Educación Primaria hasta diciembre de 2015 -momento en el que terminó la gestión justicialista y comenzó la radical-. Pero meses antes, en junio de ese mismo año, la Junta Calificadora de Primaria le otorgó a Lena el traslado a la escuela "Custodio de Zuloaga" con el 80% de zona en Maipú. 

En el caso de Yantén, se encontraba en la OSEP con un cargo fuera de nivel como Director de Atención y Servicios al afiliado. Pero a pesar de estar en pasiva, participó del concurso público de traslados y se le otorgó el cargo de Director-Maestro de Nivel Primario en la escuela Alvarez Condarco, de San Rafael.  

Por su parte, Berenguel fue designado en 2011 como Director de Educación Primaria y en 2012 concursó y se le otorgó el traslado a la escuela Clemente Machado, con el 40% de zona. En este apartado, la investigación da cuenta que se designó a la esposa de Berenguel como apoyo técnico, un hecho denunciado por la Junta Calificadora de Méritos. El cuerpo colegiado denunció además que Berenguel ejerció una presión sobre la secretaría técnica y que al momento de la tabulación el funcionario tenía pleno acceso a las carpetas y documentación del proceso de calificación. Pese a todo, la Junta decidió hacer lugar al movimiento de traslado.

Dos detalles más respecto de Berenguel. En 2015, Berenguel fue uno de los candidatos del PJ en San Rafael para las PASO en la línea de Guillermo Carmona -actual presidente del peronismo mendocino-. Un año antes, fue el protagonista de una polémica en el seno de la DGE: había impulsado una resolución por la que alumnos con problemas de conducta también pudieran ser abanderados. 

Por último, Abdo fue designada en 2014 como directora de Educación Especial pero en junio de 2015 la Junta Calificadora de Educación Especial decidió otorgarle el traslado a la escuela 2-027 de Maipú, que cuenta con un 40% de zona.   

La resolución también aclara que Berenguel y Abdo ya se han acogido a la jubilación respectiva desde el 1 de octubre de 2017, por lo que la revocación cae en abstracto. 

En concreto, la DGE resolvió revocar los nombramientos de Lena y de Yanten por ser considerados cada uno "un acto jurídicamente inexistente", en función de lo reglamentado en el artículo 62 del Estatuto del Docente. 

"Quedó demostrado cómo la Junta con un carácter de favoritismo sindical les daban el traslado", sintetizó Fernández.

El caso Caroglio

Ese mismo artículo es el que sirvió para rechazar el traslado que la senadora radical Mariana Caroglio, vinculada al cornejismo, concursó a pesar de que efectivamente se encuentra en situación pasiva por su cargo político electivo que finaliza recién en 2019. El caso de Caroglio explotó en el concurso público como una polémica que terminó resolviendo a su vez la DGE, en contra de la senadora oficialista

Ver también Videos: polémica en un concurso docente con una senadora radical

"En el caso de Caroglio, tampoco le correspondía y eso la DGE lo dejó bien en claro", sostuvo Fernández, pero también revalidó el argumento de la senadora al señalar que "se lo niegan en una clara persecución política, cuando en años anteriores se los daban y es más grave". 

Por otra parte, la resolución de la DGE se da a una semana de que se celebren las elecciones para las Juntas Calificadoras de Méritos y de Disciplina en todos los niveles de educación de Mendoza y que resultan obligatorias para todos los docentes mendocinos puesto que afectan a su carrera profesional en el escalafón público. 

La DGE investiga más situaciones irregulares

Pero estos cuatro casos no son los únicos que la cartera que dirige Jaime Correas se encuentra investigando. Desde la Dirección de Asuntos Jurídicos aseguran que están analizando otras situaciones entre los años 2008 y 2018 que podrían tener vicios pero descartan que se trate de una persecusión política.

"No hay color político, pueden ser funcionarios de la gestión anterior o actual. Es una manera de volver a la legalidad administrativa", señaló Fernández, el asesor legal de Correas.  

El funcionario que lleva adelante las actuaciones jurídicas recalcó que "estamos aplicando el estatuto ni más ni menos. El estatuto es claro y la interpretación es literal". 

La resolución

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