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23 de mayo de 2020
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Economía

Deuda: las 5 diferencias con los default anteriores de Argentina

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El presidente decidió extender los tiempos de negociación mientras el país entra en cesaciones de pago.

La Argentina no pagó un vencimiento de bonos globales por US$ 503 millones al cabo del “período de gracia” de 30 días desde el vencimiento original, el 22 de abril. Al mismo tiempo, logró prorrogar hasta el 2 de junio el plazo para negociar los cerca de USD 66.000 millones sometidos a reestructuración.

Si bien algún acreedor o grupo de ellos puede juntar al menos un 25% del valor de los bonos impagos para pedir que se "acelere" el default, terminando con el proceso negociador, hay indicaciones de que eso no sucederá.

Por un lado, los fondos de inversión querrían minimizar el riesgo de una jugada a largo plazo y con alto costo de reputación. Del otro, los fondos tuvieron oportunidad de hacer eso con el default de la provincia de Buenos Aires y no lo hicieron, lo que también indica que apuestan a un acuerdo más que a un litigio judicial.

De cualquier modo, este es el noveno default internacional en el que incurre la Argentina, acercándose al "récord" de Ecuador y Venezuela. ¿Qué diferencia a este episodio de los anteriores?

1- Default de monto relativamente insignificante

A diferencia del default de 2001, en que estuvieron en juego de modo directo casi 83.000 millones de dólares y la prensa internacional llamó “el default más grande de la historia", esta vez el impago en sí es hasta hoy de USD 503 millones y la negociación involucra 66.000 millones, poco más del 20% del PBI argentino. 

El gobierno llega a esta instancia tras haber pagado, desde que asumió, unos 4.000 millones de dólares en vencimientos internacionales y dejó para más adelante la negociación con principal acreedor, el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas acreencias rozan los 44.000 millones de dólares, con una agenda de vencimientos que se hace pesada a partir de septiembre de 2021.

En cierto modo, se trata también de un default prematuro, ya que el consenso de los expertos anticipa una “ola de defaults” tanto soberanos como corporativos, debido a la fuerte recesión económica mundial derivada de la pandemia de coronavirus y los ya altos niveles de deuda que registran tanto los países avanzados como las economías emergentes.

2 - Voluntad de pago presidencial y apoyo político externo

Pese a la encendida verba inicial, que reservó mayormente al ministro de Economía, Martín Guzmán y sus ínfulas -candorosamente expuestas en el Congreso de la Nación- de sentar un nuevo precedente mundial en materia de restructuración de deudas soberanas, Alberto Fernández tomó las riendas del asunto tras el fuerte rechazo de los acreedores a la oferta original de su ministro, ratificando en los hechos lo que muchos sospechaban; el presidente es consciente de que un default, en un escenario de recesión, sería una lápida para las expectativas de recuperación posterior. 

También sabe que un default, lejos de despertar reacciones solidarias del FMI (cuya titular, Kristalina Georgieva, lo apoyó permanentemente) y de los jefes de Estado occidentales que le manifestaron su apoyo de cara a la negociación, sería una señal de mala praxis política internacional.

3 - Contexto internacional

El default y la negociación ocurren en medio de lo que la propia titular del FMI, Kristalina Georgieva, consideró la peor crisis mundial desde la gran depresión de los años treinta, un contexto muy diferente del que a partir de mayo de 2003 disfrutó Alberto Fernández como jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner.

Para entonces, la economía argentina ya llevaba un año creciendo desde el piso de la crisis post-convertibilidad, alcanzado entre abril y mayo de 2002, China crecía a “tasas chinas” e impulsaba el precio de los commodities industriales y agropecuarios y Brasil revaluaba su moneda y gozaba de un altísimo crecimiento de su PBI en dólares, que obraba como una fenomenal fuerza de tracción de la economía argentina.

Ahora, en cambio, la economía mundial está sumida en una profunda recesión, los precios y el comercio internacionales no tienen perspectivas de recuperación, ya ni China crece a “tasas chinas” y Brasil en vez de revaluar su moneda la devaluó aceleradamente desde principios de enero.

4 - Quiénes son los acreedores

De vuelta, aquí el contraste con la reestructuración de 2005 es abrumador. Entonces, la deuda estaba en manos de acreedores y pensionistas europeos, japoneses y argentinos geográfica y jurídicamente dispersos, poco sofisticados y con escasa capacidad de coordinación, que llevaban cuatro años sin cobrar.

Esta vez, en cambio, del otro lado de la mesa hay tres “Comités” de poderosos fondos de inversión: el Ad-Hoc Bondholders Group (Blackrock, Ashmore, Fidelity y T Rowe Price, entre otros); el Bondholders Group (bonistas Argentina Creditor Committe y los fondos Fintech y Gramercy) y el Exchange Bondholders Group (fondos HBK, Monarch, Oaktree, Pharo, Redwood y VR).

Todos cuentan con el asesoramiento de los más hábiles estudios de abogados internacionales, tienen capacidad de lobby sobre gobiernos y organizaciones y cobraron sus acreencias regularmente hasta hace apenas 30 días.

5 - La brecha negociadora

Aunque en los últimos diez días las diferencias con los acreedores se achicaron y parece haber una negociación, la propia Oficina del Congreso precisó que la brecha sigue siendo importante. "Las contrapropuestas -señaló- tienen un valor estimado promedio de entre USD 61 y USD 63 para los bonos en dólares... un aumento sustancial respecto de los cerca de USD 40 de la propuesta oficial”. Y para los bonos en euros, la contraoferta de los acreedores ronda los 56/57 euros, veinte puntos por encima de los 36,9 que ofreció Guzmán.

Esas valuaciones surgen de evaluar el “valor presente” de una combinación de plazos de gracia, rendimientos,, capitalización o no de intereses devengados durante el plazo de gracias y quitas o no de capital, amén de madurez de los nuevos bonos a canjear por los viejos. Más allá de la reducción de la complejidad técnica a una sola cifra, algo muy relevante para el gobierno de Alberto Fernández es que su pedido de un plazo de gracia de tres años, que básicamente le hubiera evitado pagar durante todo su mandato, se redujo a apenas uno en las contraofertas de los fondos de inversión.

Fuente: Infobae

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