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23 de septiembre de 2006
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INCIDENTES EN SAN VICENTE

Detuvieron a siete barrabravas

Se trata de hombres que estuvieron en la gresca del 17 de octubre. Son miembros de las barras bravas de Estudiantes de la Plata y Cambaceres. Se suman al detenido Miguel Quiroz

LA PLATA (TÉLAM). Siete personas fueron detenidas ayer, en el marco de la investigación por los hechos violentos ocurridos durante el traslado de los restos del ex presidente Juan Domingo Perón a la quinta histórica de San Vicente. Estos se suman al dirigente sindical Miguel Quiroz, quien se entregó un día después de los graves incidentes. El Ministerio de Seguridad bonaerense informó a Télam que se trata de siete hombres mayores de edad, que están acusados de haber intervenido en los choques que se produjeron en la quinta 17 de Octubre entre sectores sindicales identificados con camioneros y la UOCRA, y que causaron más de cuarenta heridos.

    Los detenidos –cuyas identidades no fueron difundidas– integrarían las barras bravas de los clubes de Estudiantes de La Plata y Defensores de Cambaceres, de Ensenada. Incluso, uno de ellos ya estaba preso, con permiso de salidas transitorias durante la semana. “Uno de los detenidos purgaba una condena y gozaba de salidas transitorias. De lunes a viernes salía y el fin de semana volvía a prisión”, explicó una fuente policial a Télam.

    El primer detenido en el caso fue el dirigente sindical conocido como Madonna Quiroz, quien un día después de los incidentes se presentó ante la Justicia, luego de que fuera identificado como la persona que disparó contra el acceso principal de la quinta el día del traslado de los restos de Perón. Quiroz está acusado por tentativa de homicidio, una carátula diferente de la que tendría la causa contra los detenidos hoy.

    Los nuevos detenidos fueron localizados en operativos realizados en el Gran La Plata y la zona sur del conurbano bonaerense, precisaron las fuentes, quienes remarcaron que “aún falta detener a otras cinco personas”, de acuerdo al pedido elevado por la fiscal Leyla Aguilar, y que fue aceptado por el juez de Garantías César Melazo. Para avanzar en la investigación, la fiscal Aguilar solicitó a los canales de televisión los videos con la cobertura de los incidentes y comenzó a trabajar en la identificación de otras personas que aparecían protagonizando hechos de violencia.

    Los videos se analizaron con la colaboración de policías de Investigaciones y analistas de la Dirección de Evaluación e Información para la Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad provincial. Se detectó a varios hombres conocidos como barrabravas de Estudiantes y de Cambaceres, incluso algunos de ellos vestían la camiseta del club platense durante los incidentes. Por ese motivo, se dio participación al Comité de Seguridad Deportiva (Coprosede), que realizó el cotejo de las imágenes con las filmaciones que posee el organismo de hechos violentos ocurridos en canchas y donde participaban barrabravas.

    Fuentes cercanas a la investigación precisaron que los doce barrabravas cuya detención se ordenó, siete de los cuales ya están arrestados, habrían sido convocados a participar del acto de traslado de restos del ex presidente Perón por el sindicalista de la Uocra platense, Juan Carlos Pata Medina. Los incidentes ocurridos en la Quinta de San Vicente generaron polémicas entre gremialistas por determinar quién inició las agresiones. También las hubo entre los gobiernos nacional y provincial sobre las medidas de seguridad que debieron haberse adoptado para evitar el violento enfrentamiento.

    “Me siento muy bien, no me siento responsable, pero no voy a hablar más”, dijo el gobernador bonaerense Felipe Solá, al ser consultado sobre las declaraciones del ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, en el sentido que la seguridad del interior de la quinta correspondía a la Provincia. Fernández había señalado que la Policía Federal se hizo cargo de escoltar el traslado del féretro con los restos del ex presidente hasta la puerta de la quinta de San Vicente, porque “el poder de policía local le pertenece a los gobiernos locales”.

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