A los empleados públicos de la provincia y de las comunas que tengan un crédito hipotecario del Instituto Provincial de Vivienda se les descontará por bono de sueldo la cuota de la casa. Esta medida será obligatoria. Así lo dispuso el Senado ayer, al darle media sanción a una ley por la que se establece este mecanismo de cobro. La idea fue criticada por algunos legisladores, quienes la consideraron discriminatoria y autoritaria.
Es que, según el senador del PJ Jorge Tanús, “con esto se le da un privilegio a todos los que no son empleados públicos, porque a los trabajadores del Estado se les descuenta en forma compulsiva y, hasta podría decir, extorsiva”. Otra de las críticas que surgieron fue que en el proyecto de ley no se establece en ningún artículo la posibilidad de realizar una evaluación socioeconómica de los beneficiarios del Estado.
“Es más, se pone al IPV por encima de cualquier otro tópico, como la cuota alimentaria, que debe pasar un padre separado a la madre de los pequeños en caso de estar separados”, explicó Tanús, quien dijo que “esta es una ley extorsiva que responde al modus operandi de (Raúl) Cicero”, el actual director del IPV. También se señala que los entes que realicen el descuento deberán efectuar el pago al IPV dentro de los 15 días de la acreditación de haberes.
