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24 de febrero de 2010
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DERECHOS HUMANOS

DERECHOS HUMANOS

Se buscan los restos de desaparecidos durante la última dictadura militar.

Con un gran operativo de seguridad a cargo de Gendarmería Nacional comenzaron ayer las excavaciones en el Cementerio de Capital en busca de los cuerpos de desaparecidos. Hace cuatro años, los organismos de Derechos Humanos como el MEDH y los familiares de víctimas de la última dictadura militar habían solicitado a la Justicia Federal que se realizaran las tareas en el predio. Finalmente, luego del pedido del fiscal especial Omar Palermo, el juez federal Walter Bento autorizó que se hicieran los trabajos en 21 tumbas del cuerpo 33. En este sector, se encuentran los restos de NN (personas no identificadas) que ningún familiar reclamó. Desde la Secretaría B del Tribunal Federal Nº1, Marcelo Garnica explicó que empezaron ayer con una tumba, la 237.

A partir de las 9, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el mismo que trabajó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) con igual fin, inició sus actividades en nuestra provincia. A su vez, los familiares pudieron ingresar al lugar, de a dos, luego de ser registrados por personal de Gendarmería. Varios de ellos expresaron que si bien es muy difícil estar en esa situación, es un gran avance por parte de la Justicia.

Para Fernando Rule, de Ex Presos Políticos Mendoza, el inicio de las excavaciones significa un avance muy grande, ya que explicó que para el juez federal Walter Bento no existe homicidio si no hay cuerpo. Esto mismo lo explicó el fiscal Palermo, quien aclaró que como ministerio público nacional creen que la desaparición de personas es un homicidio, mientras que el juez federal considera que son privaciones de la libertad, pero si encuentran un cuerpo, comprobarán que se está frente a un homicidio. “Para nosotros no es tan decisivo encontrar un cuerpo para creer que hay homicidio, pero no se nos ha dado la razón en esto”, comentó el funcionario. Rule agregó que también cambia el curso de otras causas porque crea antecedentes.

Además, añadió que no tendrá ningún tipo de complicación para que el juicio a los represores se realice en nuestra provincia el 11 de marzo. Las tareas durarán unos diez días si no existe ningún tipo de complicación. Por ahora se extraerán unos 30 restos, aproximadamente, y serán llevados al laboratorio para comparar el ADN con el banco genético de los familiares de desaparecidos. También se buscarán elementos como ropa, monedas, medallas que ayuden a revelar la identidad de las personas. El representantes de los Ex Presos Políticos comentó que en el transcurso de la mañana de ayer ya encontraron huesos que serán estudiados por los especialistas. Uno de ellos tenía un catéter, por lo que se deduce que puede venir de algún hospital. Asimismo, aclaró que los organismos de DDHH presenciarán las tareas todas las jornadas para observar si hay novedades.

Hay muchos casos de personas de entre 18 y 33 años que fueron asesinadas y enterradas allí entre 1976 y 1977, años en los que se registra la mayor cantidad de desapariciones en la provincia. El sitio ya cuenta con varios antecedentes importantes para la investigación, ya que en ese lugar fueron recuperados los cuerpos de Osvaldo Rosales, Ana María Moral, Jorge y María del Carmen Luadani –una pareja de Mar del Plata que fue asesinada en Guaymallén– y los de Juan Vicente Reinal y Raquel Herrera.

Para Palermo, el Estado ha asumido un compromiso internacional y con los familiares de las víctimas de desaparecidos durante la época de la última dictadura militar. “Buscar los cuerpo seriamente es lo que corresponde y, a su vez, es una obligación que tenemos”, aseguró el fiscal. Destacó que se han visualizado varias fosas en las que se ha detectado que podría haber algunos individuos buscados.

El funcionario admitió que no hubo trabas en la investigación pero reconoció que se demoraron bastante ya que en octubre del 2006 se hizo el pedido formal. Palermo indicó que las tareas surgieron a base de elementos probatorios que fueron reuniendo y que permiten pensar que hay cuerpos en esa zona. Según explicó Mariú Carreras, quien estuvo detenida ilegalmente durante la última dictadura militar, se trata de un área que no tiene mantenimiento, ya que los responsables del cementerio no pueden acceder a ella por ser un terreno judicial, lo que provoca que en muchas parcelas pueden verse restos de féretros y hasta huesos.

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