El fondo que otorga anualmente el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) a la Secretaría de Cultura es de unos 90.000 pesos y debería servir para gran cantidad de proyectos. Pero no se usa.
El jefe del área de Cine y Video de esa repartición, Jorge Muñoz, presentó un escrito ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados para denunciar que no lo dejan acceder a ese apoyo económico desde hace más de un año, en una situación que comenzó en los gobiernos anteriores y que derivó en una causa judicial contra dos personas, luego de que se comprobara que cometieron fraude a la administración pública en uno de los préstamos concedidos.derechos y garantías. Según el documento presentado por Muñoz, durante la gestión de Arturo Lafalla no se le dejó revisar las rendiciones de los fondos que provenían desde el INCAA, y cuando las gestiones radicales se lo permitieron, el funcionario descubrió un fraude a la administración pública hecho por el ex director del entonces Instituto Provincial de la Cultura, Elio Ortiz, y una contadora, Nelly Fernández.
Actualmente, y desde abril, la administración de Ricardo Scollo ha impuesto el mismo cerco ante los pedidos de información de Muñoz, algo que lo hizo sospechar y presentar una nueva denuncia, en la cual, además, revela que Fernández -quien aún trabaja en Cultura-, por un fallo del juez Manuel Cruz Videla, titular del Primer Juzgado de Garantías de Flagrancia, fue imputada en julio por fraude en perjuicio de la administración pública con la modalidad de administración fraudulenta y se trabó un embargo sobre sus bienes de cinco mil pesos.
Según explicó el secretario de Cultura, Ricardo Scollo, los pedidos de Muñoz son conocidos, y destacó que este tiene todo el derecho a reclamar, pero agregó que el cargo que Muñoz asegura tener es por un decreto antiguo y que prácticamente no tiene responsabilidad a la hora de la firma por los fondos del INCAA.
Scollo indicó, además, que se encuentra pagando por los errores cometidos en gestiones anteriores, y aseguró desconocer la causa judicial contra Fernández, a quien describió como una contadora eficiente y que ha trabajado muy bien en este último tiempo. Asimismo, señaló que no se cometió ninguna irregularidad y que todos los balances ya fueron remitidos a la Legislatura provincial.legisladores. En tanto, el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías, Ricardo Puga, aseguró que en el último tiempo son muchas las denuncias que involucran a funcionarios y elogió que las personas se animen a reclamar, al mismo tiempo que destacó el trabajo de los legisladores que componen la comisión.