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16 de octubre de 2009
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Denuncian por enriquecimiento ilícito a tres secretarios de la presidenta

El abogado Enrique Piragini dijo que de la investigación podría desprenderse la existencia de "otros ilícitos más graves como lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público".

El abogado Enrique Piragini, quien promovió varias de las causas en las que se investiga a funcionarios del Gobierno por presuntos actos de corrupción, denunció hoy a tres secretarios privados de la presidenta Cristina Fernández, por el supuesto delito de "enriquecimiento ilícito".

La denuncia apunta a Héctor Daniel Muñoz, Isidro Bounine y Julián Alvarez, sobre quienes pide que "se investigue el descomunal aumento patrimonial que evidenciaran en sus respectivas declaraciones juradas", y consignadas en una publicación periodística.

Piragini recordó en su escrito, presentado ante la Cámara Federal porteña, que ya había denunciado por similares figuras delictivas a otro colaborador de la presidenta, Fabián Gutiérrez.

Según el abogado, de la investigación podría desprenderse la existencia de "otros ilícitos más graves como lavado de dinero, tráfico de influencias, asociación ilícita y violación de los deberes de funcionario público, además de encubrimiento por parte de quienes toleraron y no controlaron la actividad desplegada por aquellos y sus partícipes".

Piragini advirtió que se habría cometido, además, "una flagrante violación a la ley de Etica en la función pública" y en ese sentido subrayó que "resulta llamativa la adjudicación de tierras en El Calafate a precio vil y los asientos contables vinculados a supuestas deudas y créditos tomados de entes y personas relacionadas con el entorno presidencial".

"Se sugiere verificar la eventual comisión de evasión tributaria y fiscal, lavado de dinero y en particular se investiguen los precios de adquisición y escrituración de los inmuebles, cotejándolos con el valor venal en plaza, ya que podría evidenciarse falsedad ideológica en instrumento público y participación necesaria del escribano interviniente", sostiene la presentación.
Además, el denunciante reclamó que la causa tramite en los tribunales porteños y no en Santa Cruz.

"Como las declaraciones juradas fueron presentadas en esta Capital Federal y los fondos podrían haberse adquirido en esta jurisdicción se requiere investigar y proseguir las actuaciones en esta Capital Federal, evitando la contaminación de la pesquisa -y frustración de la prosecución de la causa- por la intervención de personajes vinculados al matrimonio presidencial, visto que en el sur del país podrían intervenir fiscales y jueces allegados al poder", se indicó.

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