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23 de marzo de 2007
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SEGURIDAD

Denuncian nuevos contratos irregulares

El senador justicialista Daniel Cassia asegura que 270 personas ingresaron a la fuerza en el 2007, sin embargo, el ministro Miguel Bondino dice que hay 30 contratados y se tramita el ingreso de otros 47.

    Los contratos en el Estado vuelven a dar que hablar. Es que, según denunció el senador justicialista Daniel Cassia, desde el 1 de enero hasta ayer se incorporaron 120 civiles a la planta permanente del Ministerio de Seguridad, mientras que otros 150 estarían tramitando su ingreso.

    Por lo que consta en el pedido de informes elevado a ese organismo por el legislador, el personal ingresó en clase 10 con reconocimiento de mayor dedicación, por lo que estarían cobrando unos 2.000 pesos. Pero, además, según consta en el escrito, habría personal del Cuerpo Sedentario de ese organismo –un grupo de efectivos que no pueden cumplir tareas de prevención– que estarían en las calles custodiando la seguridad.

    Los datos fueron negados por el ministro Miguel Bondino, quien detalló que sólo se incorporaron a esa fuerza 18 personas en planta temporaria y 17 a través de contratos temporarios, pero agregó que se están tramitando 42 incorporaciones en planta temporaria y cinco que ingresan por cambio de clase.

    Bondino y su gabinete advirtieron que aún resta incorporar a 77 efectivos más que están presupuestados en la pauta de gastos de ese ministerio que ya fue ratificada por la Legislatura meses atrás. Entre la nómina de efectivos que ingresarán se observa un secretario de Inspección y un miembro de la Junta de Disciplina, 30 efectivos clase 8, 42 en categoría 10 y 50 en clase 13.

    ELEVADO. En el pedido elevado por Cassia se le pide al Ejecutivo una nómina de personal contratado, detallando nombre y apellido, función y haberes, pero, además se reclama una nómina de los lugares a los que fueron derivadas todas las personas que ingresaron desde el 1 de enero hasta ahora. La sospecha es que personal civil habría ingresado en forma desmedida a ese organismo cuando, en realidad, hacen falta policías para paliar la creciente inseguridad.

    Además, según advierte Cassia, el cuerpo de sedentarios –conformado por efectivos que fueron retirados de las calles por poseer problemas psicológicos o físicos– está en contacto nuevamente con la población. Esta afirmación fue negada de plano por Bondino y sus asesores. El funcionario ofreció un detalle del comparativo entre personal civil y policial que ingresó a la fuerza: 4,75 efectivos por cada persona que cumple tareas administrativas.

    INSUFICIENTE. Según reveló el ministro, el total de personal de ese ministerio asciende a 7.353 policías, a los que se deben sumar 234 civiles. Es decir que, teniendo en cuenta una población de 1.800.000 mendocinos –según se desprende del último censo–, hay un efectivo cada 244 ciudadanos. Bondino aceptó que el número es insuficiente si se compara con las estimaciones proyectadas por la Federal, pero aceptable si se contrasta con otras provincias del interior del país.

    MALOS PRONÓSTICOS. La nueva sospecha por los contratos llegó a ese ministerio el mismo día en que estaba prevista la primera reunión con los nuevos integrantes de la Comisión Bicameral de Seguridad. Los legisladores Alejandra Naman (ARI), Diego Arenas (PD) y Carlos Ciurca (PJ) se llevaron un detalle de los recursos humanos que componen la fuerza y prometieron estudiar en detalle las incorporaciones.

    Al salir del encuentro coincidieron en señalar que el problema de la inseguridad no se resolverá en el corto plazo y hasta el propio Arenas aventuró que vienen tiempos difíciles, teniendo en cuenta que se termina la cosecha y se podría producir una explosión en el delito rural.

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