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8 de agosto de 2018
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Del Lava Jato a los cuadernos K

Los Blancos, la obra mendocina que pudo haber sido una "estafa"

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Mientras el Gobierno de Mendoza avanza con Portezuelo, busca que no se reitere la historia con la malograda presa del río Tunuyán que nunca llegó a nada aunque prometía una inversión millonaria. Una historia signada por el Lava Jato de Brasil.

La visita de Rogelio Frigerio a Mendoza le sirvió a Alfredo Cornejo para obtener otra muestra de respaldo político desde el Gobierno nacional para la concreción de la postergada presa de Portezuelo del Viento. A la vez, el mandatario radical adelantó que las regalías que produzca la obra hidroeléctrica en Malargüe serán destinados exclusivamente para financiar otros proyectos similares en Mendoza y para que no se repita la mala experiencia de Los Blancos, a la que calificó como "una estafa" del gobierno justicialista.

La idea de construir una represa sobre el río Tunuyán es de larga data y, como Portezuelo, ha sido postergada continuamente por la dificultad para encontrar financiamiento, situación que fue agravada por el proceso judicial del Lava Jato en Brasil.  

Los nombres de las firmas que compitieron son las mismas que han pulseado en otros proyectos de obra pública y que ahora aparecen involucradas en el escándalo de los cuadernos K. El ganador de la licitación fue Cartellone, que competía asociada a su vez en una UTE con una firma brasilera, la constructora OAS que terminó denunciada en el mayor caso de corrupción de Brasil, el Lava Jato. 

Las otras dos empresas rivales eran Impsa, que en su momento pertenecía a la familia Pescarmona; y IECSA, la constructora que dirige el primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

En pleno auge de la gestión kirchnerista, el gobierno de Francisco Pérez otorgó en preadjudicación la construcción de Los Blancos a Cartellone, aunque la oferta no era la mejor. Según las crónicas de la época, había ofertado por $5430 millones, en tanto que Impsa lo hacía por $5600 y, por último, IECSA proponía hacerlo por $4685 millones. 

Esto desató el reclamo judicial de Calcaterra que terminó resolviendo la Suprema Corte de Justicia en 2015, a favor del Gobierno de Mendoza en la agonía de la gestión paquista. Luego vendría otra pelea, ya que Impsa buscaba reinsertarse como subcontratista en medio de su quiebra y Cartellone le exigía la espalda financiera necesaria para incluirla. Por ese entonces, nada hacía prever el vendaval de detenciones de la última semana. 

Un agujero negro

Este lunes, flanqueado por Frigerio e impulsado por la investigación de las coimas en el orden nacional, el gobernador Cornejo recordó precisamente la malograda licitación de Los Blancos a la que calificó como "una estafa del Gobierno anterior que licitó sin ningún proyecto".

En otras palabras: la sospecha del radicalismo es que si Los Blancos hubiera continuado en esas condiciones se habría convertido en un "monumento a la corrupción". Esto, principalmente, porque se había licitado sin saber cuánto costaría, lo que podría haber convertido a esa obra en un "agujero negro" para los recursos estatales.

"Los Blancos se licitó sin tener proyecto, sin estudio de impacto ambiental ni geológico. Era una obra con una inversión muy grande para terminar el proyecto ejecutivo. Y es una estafa política porque se le hizo creer a la gente que estaba listo para ser construido", explicó Emilio Guiñazú, subsecretario de Energía de Mendoza, ampliando los conceptos de Cornejo.

Las fuentes de la gestión anterior consultadas por El Sol señalaron que, en su momento, se preadjudicó con la misma metodología con que se hizo Potrerillos y a partir de un estudio de impacto ambiental preliminar. Es decir, la empresa que resultaría adjudicada, se tendría que hacer cargo posteriormente de diseñar el proyecto ejecutivo de la obra -que incluiría a su vez, el estudio de impacto-.

Pero también explicaron que se tomó como base un estudio hecho en su momento por la extinta empresa estatal de Agua y Energía en los 70 y que se lo actualizó: se cambió el número de turbinas y se modificó el tipo de presa. 

"Era la obra más beneficiosa de la provincia, porque no tenía comunidades para desalojar, porque no deja grutas abajo del agua, ni problemas de vegetación. Es una obra de sencillez ambiental sin las complicaciones ambientales que tiene la de Portezuelo", explicó esa misma fuente vinculada a la gestión justicialista, a modo de defensa de la actuado.

Por contrapartida, Guiñazú explicó que Los Blancos era muy difícil de solventar. "Necesitaba el cierre financiero y ese cierre nunca llegó", explicó el subsecretario y agregó: "Nunca lo hubieran podido construir. Estaba planteado de una forma en la que el Estado provincial hubiera gastado al principio unos 40 millones de dolares y no se hubiera podido construir".

De hecho, en un primer momento Los Blancos se financiaría en parte con fondos nacionales, pero también con un crédito aportado por BNDES, el banco de desarrollo de Brasil. Pero el escándalo del Lava Jato haría que esta entidad crediticia retirara el apoyo y que la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se hiciera cargo por completo.

El paralelo con Los Blancos de la gestión peronista -de Celso Jaque a Francisco Pérez, la línea directa que llevó al entonces ministro de Infraestructura a convertirse en gobernador-, no es menor por los montos y los protagonistas, a la luz de los últimos acontecimientos.

"Lo más importante que dijo Cornejo fue que este tipo de obras las tenés que tomar como política de Estado", resaltó Guiñazú.

En ese punto, el mandatario mendocino adelantó que los recursos que se produzcan cuando Portezuelo esté en funcionamiento serán reinvertidos para otros proyectos hidroeléctricos en el territorio provincial y no tendrán otro destino. Cornejo adelantó que formalizará esto mediante una ley que enviará a la Legislatura. "Mendoza necesita desesperadamente aumentar su capacidad de almacenamiento de agua interanual", acotó el funcionario cornejista.  

Sin embargo, más allá del aval de Frigerio, todavía restan algunas certezas para Portezuelo. En principio, lo que ni la Nación ni la Provincia han aclarado es cómo se financiará -si es, por ejemplo, con el sistema PPP, participación público-privado- y cuando se llamará a licitación. 

De Petrobras a los cuadernos K

Finalmente, la preadjudicación de Los Blancos quedó en la nada.

La sociedad de Cartellone con OAS se disolvió porque la firma extranjera enfrentaba a su vez acusaciones de corrupción en Brasil por el caso Petrobras. OAS fue acusada de conformar un cartel de empresas constructoras que se hicieron de manera irregular con la adjudicación de las obras de la petrolera estatal brasilera. En la causa del LavaJato también aparecen la brasilera Odebrecht, investigada en varios países, y la argentina Techint, también involucrada en la causa argentina de las coimas.  

Además de la condena por lavado de activos a sus ex directivos, en la última semana a OAS se le prohibió participar de las licitaciones públicas por decisión de el Tribunal de Cuentas de la Unión, el órgano de control del parlamento brasilero. 

Por otra parte, Cartellone participó en la construcción de la línea eléctrica Comahue-Cuyo, asociada con Electroingeniería, una de las empresas que aparece en el pago de retornos a funcionarios kirchneristas y derivó en la detención de su titular, Gerardo Ferreyra.

Según el relato del chofer Oscar Centeno, en 2010 se hicieron varios pagos por la obra que finalmente Cristina Fernández de Kirchner inauguró en 2011, con la presencia de autoridades políticas y también la del empresario sanrafaelino Omar Álvarez, cuya empresa -Obras Civiles Andinas- también participó en la ejecución de esa obra. La obra demandó una inversión de 2700 millones de pesos y que fue definida como la obra eléctrica más importante para Mendoza en los últimos 30 años.

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