Cuando desde algunos sectores políticos cuestionan que el Estado ejerza su poder para establecer el imperio de la ley, apelan a una lógica mezquina que sólo busca erosionar al gobierno de turno, sin tener en cuenta que forman parte de la dirigencia que debe defender las instituciones democráticas.
Esa demagogia puede costar muy caro, porque no sólo se defiende, sino que también se estimula a grupos que están más vinculados con el mundo del hampa que con los movimientos sociales.
La Constitución nacional contempla el derecho de peticionar ante las autoridades, pero siempre dentro de los parámetros que establece la Carta Magna. En todo caso, la mejor herramienta son las urnas. Es ahí donde se debe expresarse el descontento. Y si, eventualmente, aquellos que hoy apoyan a los revoltosos llegan al poder, deben saber que ese discurso se les puede volver en contra.