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23 de septiembre de 2009
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RESOLUCIÓN DE LA QUINTA CÁMARA DEL CRIMEN

Declaran la nulidad del ADN realizado al acusado de violar y matar a Micaela Reina

Apolo Díaz no será juzgado, a pesar de la prueba clave. El tío y el padre de la niña sí estarán en el banquillo. Duras críticas al fiscal que instruyó el caso

    Tres días hábiles le llevó al tribunal de la Quinta Cámara del Crimen dictar la extensa resolución que dejó boquiabierto a quien escuchaba la lectura de la relatora. Pero la decisión de fondo, es decir, si declararían o no la nulidad, ya estaba tomada desde el viernes y así lo confirmaron fuentes allegadas a los jueces Laura Gil de Chales, Gonzalo Guiñazú y Rafael Escot. Los juristas declararon nulo todo lo actuado contra Apolo Jacob Díaz, el principal sospechoso de violar y matar a Micaela Reina (12), el 17 de mayo del 2007 en Guaymallén y, rápidamente muchos letrados caratularon este episodio como un “bochorno judicial”. Ni el tribunal se ahorró palabras para referirse al fiscal que investigó el expediente, Alejandro Iturbide, quien podría ser denunciado ante el Jury.

    Esto porque los magistrados ordenaron extraer compulsa a la Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia y también al procurador, Rodolfo González, para que investiguen el grado de responsabilidad de todos los funcionarios y magistrados que intervinieron en el proceso de Instrucción, tales como el ex fiscal –actual juez de Flagrancia– y el ex juez de Garantías, Manuel Cruz Videla. Una medida tan simple pero esencial de cualquier proceso judicial no fue tenida en cuenta por el ex fiscal de Instrucción, tal como lo es la notificación previa a las partes referida al acto procesal de la prueba de ADN que le extrajeron a Díaz y que lo había llevado llevando al banquillo del que ayer logró escapar, al menos, en esta causa que era la más compleja y grave que se le sindicaba.

AMPLIACIÓN. Por otra parte, los miembros de la Cámara en lo Criminal resolvieron hacerle lugar al planteo del fiscal de Cámara, Javier Pascua, quien solicitó una ampliación en la calificación legal contra los otros dos acusados, Walter y Alejandro Prádenas (tío y padre de la víctima). Asimismo, declararon la nulidad de la prueba de ADN realizada a un cabello encontrado en el Ford Falcon del tío de la pequeña, que aseguró que pertenecía a Díaz en 99,9%.

    Los Prádenas llegaron a debate acusados por el delito de privación ilegal de la libertad en concurso real con encubrimiento agravado. Para Pascua, esa imputación que realizó Iturbide fue errónea y pidió que se cambie a privación ilegal de la libertad en concurso con abandono de persona seguido de muerte y que, además, sean detenidos inmediatamente. Si bien los hermanos continuarán en libertad, la calificación se cambió y, ahora, sus abogados defensores, Ariel Civit y Gabriela Massad, solicitaron tres días para producir la prueba sobre esa nueva acusación. Por este motivo, el debate continuará contra los Prádenas recién el lunes o martes de la semana que viene, mientras que Díaz seguirá siendo juzgado en la misma Cámara por otras causas relacionadas con delitos contra la propiedad, entre ellos robos y hurtos en grado de tentativa.

QUÉ SE HABÍA PEDIDO. Primero, la defensa de Díaz solicitó la nulidad de todo lo actuado en contra de su pupilo procesal. Sus defensoras oficiales, María Laura García y Carolina Debeta, hicieron referencia a la falta de notificación a las partes durante la investigación penal preparatoria respecto de la prueba de ADN que comprometió a Díaz con la muerte de Micaela. Además, requirieron la inmediata libertad de su defendido. Asimismo, Pascua sostuvo que la pericia –el examen de ADN– era válida, pero que el proceso había sido nulo, porque las partes no habían sido notificadas formalmente. Luego se opuso a que Díaz recuperara la libertad y después requirió la ampliación de la calificación legal contra los Prádenas y también que se ordenara su inmediata detención.

    Por su parte, la defensa de los Prádenas solicitó la nulidad de todo lo actuado, pero no le hicieron lugar a ninguno de sus planteos. Sin embargo, los defensores están esperanzados en que sacarán absueltos a los dos acusados, a pesar del cambio de clasificación en su contra. Micaela fue violada y asesinada el 17 de mayo del 2007. Su cuerpo fue encontrado en la pileta de una bodega. La madre de la niña, Marta Reina, había denunciado la desaparición una semana antes del hallazgo. En ese interín, la jueza de Familia Elsa Galera se hizo cargo del caso.

    Marta dijo que su ex pareja, Alejandro Prádenas, la había secuestrado. Galera ordenó que inspeccionaran la casa de Prádenas, en Las Heras, pero los efectivos que fueron no ingresaron nunca a la vivienda. Luego, el fiscal Iturbide imputó al hombre y a su hermano y ordenó un cotejo de ADN entre la sangre de un indigente –Díaz– y los restos de semen hallados en la escena del hecho, el cual dio positivo en 99,99 por ciento.

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